Ha sido saltar la noticia del comienzo de tramitación del proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, y ya tenemos a Masiá haciendo palmas con las orejas, como los «agradaores» con su señorito. Yo entiendo la obnubilación que ocasiona el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves sobre ciertas mentes impresionables, pero vamos, tampoco es para llegar a esos extremos. Sin conocer el contenido de la ley, ni el alcance, ni nada de nada excepto lo que ha anunciado la consejera de Salud de la Junta, y ya nos anuncia el presbítero Masiá que el presente proyecto: evitará confusiones y malentendidos como los ocurridos lamentablemente con motivo de la desconexión del respirador de Inmaculada Echeverría o de los falsos testimonios contra el Dr. Montes, por razones más a menos veladas de ideología política o religiosa ¿La ha leído? ¿La está redactando él? ¿Ha sido invitado por Chaves a San Telmo, el antiguo Seminario? ¿Por qué sabe que la ley nos dará las garantías jurídicas que evitará la expuesto anteriormente? ¿Es más, cómo sabe que garantizará algo? Quizás la respuesta a estas preguntas se encuentre en que considera a Chaves un ser omnisciente y todopoderoso, o quizás en una vía más acorde con las tesis conciliaristas y democráticas, piense que los legisladores del régimen andaluz estén asistidos por el Espíritu Santo. En efecto, esto explicaría que Masiá se sienta incómodo con la Tradición de la Iglesia Católica y quiera montar la suya propia. Masiá juega a crear expectativas, muy propio de esta sociedad, pero de una forma muy burda, grosera, ya que nadie conoce el contenido de una Ley que todavía no existe. Sin embargo arrima el ascua a su sardina y ya nos dice que será grandiosa. Todo es falso. Según se colige de la información del diario el Mundo de hoy, en su edición de Andalucía, la consejera no ha dicho nada. O por lo menos lo que ha dicho es contradictorio. Por una parte, ha anunciado que el paciente podrá pedir la retirada del tratamiento aunque eso signifique «acortar la vida», pero por otro lado, dice que dicha ley descartará la eutanasia activa (que sigue estando tipificada en el Código Penal como delito), ya que «Andalucía no tiene competencias» para modificarla. Átame esta mosca por el rabo. Lo que si ha dejado meridianamente claro María Jesús Montero, consejera de Salud, es que la Ley, sea la que sea, será de obligado cumplimiento para los hospitales públicos y privados, con lo que se lanza un mensaje claro a la Iglesia. A través de un arabesco lateral, quiere controlar en parte esta labor que lleva a cabo la Iglesia y que, en cierta manera, todavía está fuera de su poder. Es posible que este aviso liberticida, que intenta acogotar el derecho a la libertad de conciencia, le parezca a Masiá un motivo de regocijo. No deja de ser un intento más de control de la sociedad por parte de los poderes públicos. Ahora bien, vistas las incongruencias e incoherencias expresadas por la consejera, en cualquier caso se podría colegir dos cosas: - Primero, que la ley abriría una puerta a la eutanasia, por la que se colarían un montón de asesinatos encubiertos. - Segundo, que la mano que aprisiona el gaznate de los andaluces apretaría un poquito más, dejándonos con un poquito menos de aire. Eso sí, con mucho gusto, ya que a Chaves lo ha elegido el pueblo por mayoría no una vez, sino muchas. Habrá que esperar a que se conozca el contenido de la ley, ya que tal como se ha anunciado, tan provisional, tan cogido con pinzas, suena a maniobra de distracción del Monarca Absoluto para tener entretenido al personal y hacernos olvidar el incremento del paro en Andalucía, entre otros fracasos. De todas formas, visto el cariz liberticida con el que la consejera ha anunciado el engendro, entiendo que a Masiá le guste. Ya lo dice el refrán: Dios los cría y ellos se juntan. Isaac García Expósito