Amnistía Internacional, una organización que se dice independiente de toda ideología política, interés económico y religión y que cuenta con más de 7 millones de personas que luchan por un mundo en el que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos, no ocultaba su animadversión a los movimientos Provida cuando en junio de 2019 denunciaba las tendencias a favor de la vida de los no nacidos en la era de Donald Trump.
Amnistía Internacional, en connivencia con Planned Parenthood, la mayor red de empresas proaborto del mundo, se quejaba de que el Presidente de los EE.UU. nombrara a dos nuevos jueces de la Corte Suprema de los EE.UU., Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, ambos contrarios al aborto y opinaba que esta decisión sigue la estela de protestas desde la sentencia del 23 de enero de 1973 de dicho tribunal, contra la sentencia del caso Roe versus Wade, que supuso la legalización del aborto.
Es importante saber que en aquel nefasto caso hubo tremendas falsedades. Ni la mujer demandante había sido violada, ni deseaba abortar, ni mantuvo su posición tras la sentencia. Sin embargo, el caso se utilizó de manera intencionada para justificar la aprobación del aborto. A partir de ahí, la enorme influencia de los EE.UU. y el empuje de las Naciones Unidas, bajo el señuelo del control demográfico y las demandas de los movimientos feministas fomentarían la aprobación de leyes del aborto por todo el mundo, hasta convertir esta práctica en un derecho de la mujer.
Amnistía Internacional se alarma del activismo antiaborto que, con sus campañas, va recortando sistemáticamente el derecho al aborto en los EE.UU., en parte con la creación de barreras económicas y logísticas que lo dificultan o imposibilitan, con independencia de lo que diga la ley. Cita específicamente lo que ocurre en el Estado de Alabama, y otros muchos, que no incluyen el aborto en la lista de servicios médicos a los que pueden acceder las personas de ingresos bajos a través de Medicaid (seguro médico subvencionado por el gobierno).
Se quejaba Amnistía Internacional de que gran parte de las zonas rurales de los EE.UU. son “desiertos” en lo que se refiere al aborto, pues la mayoría de la población vive a más de 150 kilómetros de lo que eufemísticamente denomina un “proveedor de servicios de aborto”. Esta carencia de atención a algo tan candente para los pro-abortistas, se liga a las llamadas leyes TRAP [Targeted Restrictions on Abortion Providers], que dificultan la concesión de licencias según las condiciones del servicio, que han determinado que muchas clínicas de aborto hayan cerrado su pingüe negocio. Se lamenta de que en varios Estados se hayan aprobado leyes que prohíben el aborto en todos los casos, como en Alabama, o antes de las seis semanas, como en Georgia, Ohio, Kentucky, Misisipi y Luisiana. Le preocupa a Amnistía Internacional las restricciones a los abortos cada vez más manifiestas en los EE.UU., incluidas las medidas que prohíben ciertos tipos habituales de intervención y la exigencia del consentimiento parental para las adolescentes, y el hecho de que ante esta situación las mujeres se vean abocadas a buscar el aborto por otras vías menos seguras.
Amnistía Internacional recurre a uno de los argumentos de presión favoritos para justificar la implantación del aborto en otros países: “Se calcula que, en todo el mundo, son hospitalizadas cinco millones de mujeres cada año por complicaciones del aborto, y mueren alrededor de 47.000 mujeres”. ¿Quién lo ha calculado y de donde salen estas cifras…? Este señuelo que se utilizó en España para justificar la Ley del aborto de 1985, se vio que era falso en cuanto se aprobó la Ley. Pero es la llave que nos colocó en la vertiente deslizante del aborto que desde entonces ha ido a más.
Insiste Amnistía Internacional en que en EE.UU., la tendencia contra el aborto afecta más a las mujeres de color, inmigrantes y refugiados, que estima tienen tres o cuatro veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las mujeres blancas… Y llega a afirmar añade algo que no sé si lo han pensado bien cuando dicen que esta “vergonzosa desigualdad se verá probablemente reforzada por unas nuevas leyes que hacen más peligroso el embarazo”. ¿Realmente se puede hablar de que el embarazo es un peligro?
Los argumentos de Amnistía Internacional a favor del aborto en los EE.UU. los adoba con una estadística absolutamente sesgada. Y así señala que una encuesta independiente nada menos que de Planned Parenthood, publicada en enero de 2019, concluyó que dos tercios de la población estadounidense cree que el aborto debería ser legal en “todos” o en “la mayoría” de los casos, y el 73% se opone a que se revoque la sentencia Roe vs. Wade.
Sin embargo, en una reciente encuesta de la prestigiosa firma Gallup, sobre "Pro-elección" o "Pro-Vida", tablas demográficas 2018-2020, se señala prácticamente un empate entre pro-abortistas, 48% y pro-vida: 46%, que al especificar el sexo de los encuestados revela unos sesgos muy significativos. Así, entre las mujeres: pro-aborto, 53% y pro-vida: 41%, y entre los varones: pro-aborto, 43% y pro-vida: 51%; y por edades, los menores de 34 años: pro-aborto 53% y pro-vida: 43%; y a partir de los 35 años empate a 46 - 47% entre pro-abortistas y pro-vida.
Y a todo esto, el pasado jueves 22 de octubre de 2020 se firmó el Consenso de Ginebra, un compromiso a favor de la vida aprobado por 32 países para promover la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia. En la presentación de la Declaración del Consenso de Ginebra, el Secretario de Servicios Humanos y de Salud de los EE.UU., Alex Azar, declaró que “los gobiernos tienen el derecho soberano de hacer sus propias leyes para proteger la vida de inocentes y redactar sus regulaciones sobre el aborto”. Azar agregó que, en parte, la declaración fue redactada en respuesta a una “tendencia inquietante” de las Naciones Unidas. A lo que podríamos añadir que también de otras instituciones como Amnistía Internacional y la Organización Mundial de la Salud, que hace años excluyeron de la condición de personas y de los derechos humanos a los no nacidos.
Alex Azar dijo: “Cada vez con mayor frecuencia, algunas naciones ricas y agencias de la ONU en deuda con ellas afirman erróneamente que el aborto es un derecho humano universal… Declaramos inequívocamente que no existe el derecho internacional al aborto. Con orgullo, pondremos la salud de la mujer en primer lugar en cada etapa de la vida”
Por su parte, Mike Pompeo, secretario de Estado de los EE.UU., aseguró que la declaración es un “compromiso profundo y personal para proteger la dignidad humana”.
Únicamente resta esperar. Los procesos de cambio de tendencias en estos asuntos de carácter social, en manos de políticos sin escrúpulos e instituciones adulteradas, son lentos, pero seguros. Al menos los representantes de dos países europeos, Hungría y Polonia han firmado la Declaración. Sin embargo, es de lamentar que ni España ni ningún país hispano-americano lo haya hecho, pero todo se andará. El resto hasta los 32 países firmantes pertenecen a diversos ámbitos, con una combinación de países prósperos y/o populosos, como los EE.UU., Brasil, Pakistan e Indonesia, muchos del ámbito africano, y no pocos del mundo árabe, como Egipto, Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudí o Irak.
Nicolás Jouve es catedrático emérito de Genética, presidente de CíViCa (Asociación miembro de la Federación europea One of Us) y vocal del Comité de Bioética de España.
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