Entre otras consecuencias de la caída del nacional-socialismo estuvo la de opacar otras manifestaciones de maldad y la de considerar que determinadas atrocidades sólo podrían darse en un régimen semejante al implantado por
Hitler. Las dos conclusiones eran erróneas y han tenido derivaciones perversas. Por ejemplo, son una de las causas de la buena prensa que siguen teniendo las dictaduras socialistas –que causaron en el siglo XX el doble de muertos que la Segunda guerra mundial– o de la miopía a la hora de ver los paralelos que existen entre ciertas conductas que se dan en el seno de un régimen democrático y las que tuvieron lugar en el nacional-socialismo alemán. Los ejemplos, al respecto, son abundantes. Por ejemplo, en la Suecia de los socialdemócratas estuvo en aplicación hasta los años setenta del siglo pasado una legislación que, inspirada en la alemana de los años treinta, ordenó la esterilización obligatoria de decenas de miles de personas. La perversión moral era la misma, pero existía una clara resistencia a verla en un gobierno como el sueco que se presentaba como un paradigma de progreso. Algo similar ha sucedido con la eutanasia. En Holanda –una nación de impecables antecedentes democráticos– su legalización vino justificada apelando a argumentos como la compasión hacia los enfermos incurables, el progreso social, la voluntariedad expresa de la decisión y un largo etcétera similar al propugnado por sus defensores en la Alemania del III Reich. Los resultados, sin embargo, son escalofriantes. En 1991, se creó en Holanda la denominada Comisión Remmenlink encargada de estudiar los efectos derivados de la legalización de la eutanasia. La Comisión Remmenlink estableció que de las 130.000 muertes que se producían al año en Holanda, 49.000, es decir más del 30% se debían a decisiones tomadas por los médicos y no a causas naturales. Según el Informe Remmenlink realizado por esta comisión, de 8.681 casos reconocidos de eutanasia, 4.941, mucho más de la mitad, fueron ejecutados por médicos que administraron sedaciones excesivas a los pacientes sin previamente solicitar el consentimiento de éstos, algo que recuerda de manera sobrecogedora a episodios vividos en España en los últimos tiempos. También, según el mismo Informe, otros 1.040 procedieron a dar muerte de otra manera a los pacientes sin consentimiento o conocimiento de éstos. Igualmente, según el informe, 2.300 dieron muerte a los pacientes a petición de éstos y 400 les proporcionaron medios para causarse la muerte. En conjunto, el 76% de los casos de eutanasia se practicaron sin petición ni permiso de las víctimas. Es dudoso – y aterra pensarlo siquiera – que los nacional-socialistas superaran esa proporción, pero lo que sí es seguro es que no dieron muerte a tantas personas mediante la legalización de la eutanasia como ha sucedido en la democrática Holanda. Pero no acaban ahí los horrores. El informe reveló además que más del 50% de los médicos holandeses admitió practicar la eutanasia, que cerca de un 40% no guardaba informes sobre los casos de eutanasia que había realizado y que sólo el 29% había cumplimentado los informes exigidos por la ley de manera honrada. Cabría esperar que tras aquel informe, la situación variara en Holanda. Ciertamente varió, pero no en el sentido que cabría esperar.
Continuará César Vidal Eutanasia (V): respuesta débil de las iglesias Eutanasia (IV): las razones de la reacción del pueblo alemán Eutanasia (III): La resistencia Eutanasia (II): la legalización Eutanasia: el inicio del largo camino