Cuando los políticos acceden al poder tienen como misión legislar y administrar los asuntos públicos en favor del bien común, siendo urgente su actuación cuando éste es burlado o directamente socavado en sus mismos cimientos. Así sucede en el caso de las leyes permisivas y financiación del aborto nada menos que por parte del propio Estado, y con el casi absoluto desamparo de las madres vulnerables y con riesgo de exclusión social que se ven impelidas a abortar.
La responsabilidad del político se acrecienta cuando quiera que forma parte de un gobierno que ostenta una amplia mayoría parlamentaria, en parte alcanzada merced a los votos de muchos españoles a quienes se aseguró que se derogaría la actual ley abortista y que la maternidad sería apoyada por el Estado. Precisamente el apoyo a la maternidad constituiría la más poderosa y eficaz forma de contribuir a que, ante un embarazo inesperado, las madres no volvieran a sentirse solas ni abandonadas y, en consecuencia, no se vieran literalmente abocadas a convertirse en madres de hijos muertos.
Así es como se entiende la alarma y creciente indignación de una significativa parte de la sociedad civil, propiciada por el largo retraso del gobierno en cumplir una promesa electoral de profundo calado y capital importancia que, en mi opinión, no tiene otra razón de ser que un erróneo sentido de oportunidad política que juega con los tiempos sobre un asunto que, diariamente, arroja en manos del ávido negocio de las clínicas abortistas, a centenares de madres sumidas en su inmensa mayoría en un doloroso e injusto ostracismo, a quienes prácticamente sólo se concede y financia por parte del Estado la espuria alternativa de abortar.
Sin embargo, no debemos perder la esperanza de que el actual gobierno, encabezado por Mariano Rajoy, dará cabal cumplimiento a la promesa electoral que contribuyó a que accedieran al poder con holgada mayoría absoluta. No sería justo ni razonable, ni siquiera en términos de futuro cálculo electoralista, que descartaran su promesa en favor de la vida y la maternidad y que, ante un posible temor por las consabidas reacciones adversas de puro corte ideológico, burlarán la esperanza de un creciente número de españoles, cada vez más sensibles ante un asunto de enorme gravedad por sus devastadoras consecuencias humanas, morales y demográficas.
De hecho, el titular de Justicia Alberto Ruíz Gallardón junto a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el próximo trimestre se dará luz verde al anteproyecto de ley sobre los derechos del concebido y no nacido así como en defensa de la maternidad. Lo lógico es que en dicho anteproyecto se contemplen como poco los aspectos defendidos pública y valientemente por Ruíz Gallardón, lo cual representará un histórico paso adelante en la buena dirección en favor del concebido y la maternidad, sin obviar la certeza moral de que ninguna ley puede legitimar la muerte de un inocente, objetivo irrenunciable por el que habremos de seguir trabajando y reclamando con nuestros votos.
Y tampoco debemos perder la esperanza de que siga aumentando el número de personas de buena voluntad que, más allá de indignarnos señalando con el feo dedo justiciero al político de turno, optemos por involucrarnos personalmente en las diversas formas de ayudar a las muchas madres que lo precisan. Mujeres a quienes hoy en España les resulta muy difícil encontrar el apoyo de esa mano amiga que, como lo venimos comprobando con creces en RedMadre, anima a ocho de cada diez a revertir su original decisión de abortar para convertirse en madres felices de hijos vivos.
Todos somos responsables del indeseable drama social y tragedia humana que representa el aborto, y a todos compete asumir nuestra propia responsabilidad, aportando nuestros insustituibles granitos de arena para que, tanto en el ámbito de la sociedad civil como en el de los políticos de distinto signo ideológico, continúe creciendo la sensibilidad en favor de la vida y la maternidad. Uniendo nuestras manos a las de aquellos que, de forma ejemplar y generosa, perseveran en favor del prójimo y del bien común, podremos estar seguros que se terminará haciendo justicia sobre algo que es de puro sentido común: recuperar el inviolable derecho a la vida del ser humano desde su concepción, y el de las mujeres a ser madres sin verse desamparadas por el mismo Estado.
Antonio Torres
Presidente Fundación RedMadre