La euforia por el triunfo histórico –que la crisis y la incompetencia del PSOE les ha puesto en bandeja- no debería hacer perder la perspectiva al PP: en las circunstancias más favorables imaginables, apenas ha crecido 500.000 votos respecto a 2008 (y ha obtenido medio millón menos que el PSOE hace 4 años). La gran victoria se debe a un desmoronamiento del PSOE, no a un crecimiento propio. La mayoría de los exvotantes socialistas han pasado a la abstención, a CiU, a IU o a UpyD, no al PP. Esto significa que para un 56% de españoles rige lo de “antes muertos que de derechas”. El PP sigue siendo el nasty party para más de media nación. Ni siquiera al borde de la bancarrota consiguen superar este prejuicio ideológico. España sigue siendo visceralmente, patológicamente, de izquierdas.
El inamovible escoramiento de España al centro-izquierda es la premisa de la doctrina que ha informado la estrategia del PP en las últimas décadas: el “arriolismo”. La doctrina presupone que, para una derecha ontológicamente minoritaria, la única forma de vencer consiste en conseguir que una parte del electorado socialista se abstenga: ganar la partida por aburrimiento; no despertar a la fiera gauchista. Ello exige un discurso tecnocrático, descafeinado, centrado únicamente en la eficiencia gestora, que evite los temas ideologizables (pues se presupone que la batalla ideológica la tiene ganada la izquierda in aeternum). La línea de Rajoy ha respondido exactamente a ese modelo: “la economía lo es todo”. En el debate televisivo, por ejemplo, resultó reveladora la insistencia de Rubalcaba en abordar asuntos moral-culturales (matrimonio gay, aborto, etc.), que contrastaba con el ansia de Rajoy por hablar sólo de cuentas y escurrir el bulto en todo lo demás (“ya decidirá el Tribunal Constitucional” …). Conclusión a inferir: mientras que el PSOE tiene un modelo de sociedad (con posiciones claras –nefastas, desde luego- en bioética, modelo de familia, educación, nacionalismos, etc.), el PP no quiere saber de nada que no sean indicadores económicos.
El arriolismo ha sido muy perjudicial para la derecha española. Su premisa es falsa: España no está condenada por alguna maldición divina a padecer eternamente una mayoría social de izquierdas. Si un 60% de los españoles siguen derrotando a siniestra… es precisamente porque la derecha (con aisladas y honrosas excepciones) ha abdicado de la batalla de las ideas. La hegemonía cultural de la izquierda es aplastante: dominan el sistema educativo y los medios de comunicación. Han poblado el imaginario social –sin resistencia de la derecha- de sobreentendidos y clichés progres. Pero quien combate la ortodoxia cultural progre es percibido por la cúpula rajoyista como “un extremista que nos puede espantar el voto de centro”. En el congreso de Valencia, Rajoy invitó a quien discrepase del centro-tecnocratismo a “irse al Partido Liberal o al Conservador”. Pero si el PP no es liberal-conservador… ¿qué es?
Ahora estamos en una encrucijada, y el PP debe decidir si aspira a ser algo más que un equipo de eficientes contables. Ciertamente, la recesión favorece el reduccionismo economicista (“¡yo me conformo con que nos saquen de la ruina!”). Pues bien, si “sólo importa la economía”, formulémoslo en ese lenguaje: el hundimiento del nivel escolar, el invierno demográfico (tasa de natalidad española: 1.37 hijos/mujer), la desintegración de la familia, etc., terminarán pasando factura también en lo económico (si es que no la están pasando ya). El gobierno del PP dispondrá ahora de la posibilidad de mostrar que tiene una posición propia sobre estos asuntos. Deróguese la ley del aborto: lo desea la gran mayoría de sus votantes. Deróguese el “divorcio exprés”, que convierte el matrimonio en un contrato-basura. Reviértase el absurdo “matrimonio gay” (la relación hombre-mujer merece una protección especial porque sólo de ella salen niños). Restablezca el PP su propia ley educativa de 2002 (LOCE), que incluía medidas sensatas -reválida; itinerarios educativos diversificados- y que fue sectariamente derogada por Zapatero apenas llegó al poder. O, puestos a “soñar grande”, ¿por qué no implantar el cheque escolar, que podría permitir un ahorro de un 40% en educación? Mejórese sustancialmente el tratamiento fiscal de la familia. Garantícese el derecho de todo niño a ser educado en castellano.
Sí, a El País y la SER les irritará. Pero a sus votantes naturales nos gustará mucho. Incluso los despreciables liberal-conservadores merecemos una alegría de vez en cuando.
Francisco José Contreras Peláez
Catedrático de Filosofía del Derecho - Universidad de Sevilla