En el debate político de muchos países de la Unión Europea se percibe una vuelta a la familia. La crisis demográfica que sufre nuestro continente es demasiado seria como para ignorarla por parte de los gobernantes más responsables. Así pues, cada vez son más numerosas las políticas adoptadas en favor de las familias y lo que estas aportan, los niños.
En España, desgraciadamente todavía se considera un tema tabú hablar de ello. ¡Como si no se pudiese reco- nocer lo beneficioso que es para una sociedad que naz- can niños! En estos últimos años ha habido poca re- ceptividad por parte del Gobierno de la nación hacia los planteamientos del Foro Español de la Familia sobre la familia, el matrimonio, la defensa de la vida, la educa- ción, etcétera, pero ello no es óbice para que sigamos insistiendo en que la perspectiva de familia sea tratada en nuestro país de forma políticamente consciente.
Las circunstancias de la crisis económica ponen de manifiesto el papel relevante de la familia por la solidaridad social que genera. El núcleo familiar es el que acaba siendo el que acoge a esas personas mayores a las que no alcanzan las leyes de dependencia por falta de recursos presupuestarios, o a ese inmenso ejército de parados cada día mayor. Según un reciente estudio realizado en España, en estos momentos el 40% de los españoles está recibiendo algún tipo de ayuda de su familia. Realmente si se trasladasen es- tas ayudas a cargo de los presupuestos generales del Estado, no habría Administración pública que lo resistiera.
Es la familia una institución de inmensa eficacia social y el Estado puede hacer mucho por ella. Vivir en familia genera un gran beneficio a la sociedad en términos de acogimiento a las nuevas vidas, de función solidaria, de educación, transmisión de valores, etcétera, por eso es razonable pedir que desde el Estado no se trate a la familia con desconfianza, y a ser posible, que se la ayude.
Cierto es que en tiempos de crisis las ayudas a la familia se re-cortan. Sin embargo se puede hacer mucho por ella sin gastar dinero e incluso reforzar la familia podría suponer un ahorro para el Estado, como por ejemplo en materia de educación pues si se facilitase la iniciativa social el Estado podría ahorrarse mucho dinero dado que el coste del puesto escolar es en la pública un tercio más caro que en la concertada. Pero lo más importante no son los euros, sino las ideas. Solo con que desde el poder se hablara bien de la familia, ya se apreciaría un beneficio para ella.
Tampoco se trata solo de crear un Ministerio de la Familia. Si existiera uno con presupuesto y poder político, perfecto, pero si es un ministerio florero sin importancia ni contenido, no sirve para nada. Es mil veces preferible, por ejemplo, que el ministro de Economía promueva una política fiscal a favor de la familia a que haya un ministro de la Familia sin competencias sustantivas ni presupuesto.
En países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suecia, Noruega, etc. son conscientes de ello, y en su discurso político habitual se habla bien de la familia. El pasado mes de junio, por ejemplo, se aprobó un informe del Consejo Económico y Social de la Unión Europea por el cual se reclamaban políticas de apoyo a la familia, de manera unánime y conjunta por parte de los sindicalistas, trabajadores y empresarios. En este caso, como suele ocurrir en tantos otros, las iniciativas sociales se han anticipado a las gubernamentales.
Todo programa de gobierno tanto de competencia local, como autonómica o estatal debe incluir políticas de apoyo integral a la familia, aunque solo sea por los beneficios que esta institución genera en la sociedad. Toda ayuda es nece- saria, por muy insignificante que parezca, como ocurre con la regulación de pequeños impuestos, tasas y precios públicos como los relacionados con vivienda, basuras, agua o electricidad. No es admisible, por ejemplo, que el baremo del consumo de agua de una unidad familiar de nueve miembros sea el mismo que el de una persona que viva sola. Evidentemente el consumo del primer caso a la fuerza será mayor que el del segundo, pero no es justo que se le penalice por ello, como ocurre en la actualidad.
Otro tema igualmente preocupante es el de las rupturas matrimoniales; las cuales cada vez ocurren antes y con más frecuencia. En España el proceso de separación y divorcio es especialmente más acelerado en comparación con cualquier otro país europeo. Es como si el compromiso matrimonial se estuviera banalizando en la conciencia moral de nuestros ciudadanos y por lo tanto se acudiese a la ruptura con más facilidad. Obviamente siempre ha habido rupturas matrimoniales, pero no es lo mismo que sea un fenómeno minoritario a que lo sea mayoritario, porque toda ruptura matrimonial es un fracaso tanto en términos personales como en términos sociales.
La inestabilidad familiar ocasiona importantes perjuicios en tres grandes bloques de la población: en primer lugar en los niños. El divorcio acarrea la aparición de serios problemas en los más pequeños; perder la referencia de papá y mamá, que para ellos es su horizonte vital más seguro, da lugar a dificultades añadidas de todo tipo: de crecimiento, rendimiento escolar, desajustes de referencia, de personalidad, alimenticios y muchos más. En segundo lugar en las mujeres; la ruptura matrimonial, en la mayoría de los casos, va seguido de una pérdida de status económico y social de la mujer, siendo en estos momentos la mayor causa de pobreza femenina en la Unión Europea. Finalmente, en las personas mayores, el divorcio origina que haya muchos ancianos solos, sin un entorno familiar que les cuide.
¿Cómo ayudarla? Son numerosos los campos en los que apoyar a la familia: en el régimen jurídico del matrimonio, educativo, fiscal, de Seguridad Social, en ma- teria de apoyo a la maternidad, de conciliación laboral, de adopción, de protección de menores, de apoyo a las empresas familiarmente responsables... Para ello es necesario que se vayan implementando planes a favor de la familia. A nivel estatal, tres son los temas claves tanto desde el punto de vista legislativo como desde el práctico: reinstaurar el matrimonio como institución específica para la unión estable y comprometida entre hombre y mujer, recuperar la protección a la vida y apostar por la educación en libertad.
La situación actual en nuestro país referente a la familia es muy peculiar. Cuando a todo Estado le interesa que las parejas se mantengan unidas, en España el contrato matrimonial es el más banal y el menos protegido por el Derecho de cuantos contratos existen. Desde la ley del divorcio Express del año 2005, cualquiera que lo desee puede divorciarse desde el tercer mes a partir de la boda, sin que sea necesario alegar causa alguna y aún contando con la oposición del otro cónyuge.
Por ejemplo, para rescindir un contrato de trabajo hay que alegar motivos serios: llegar tarde, incumplir alguna norma, no trabajar, aparecer borracho..., y para anular el de arrendamiento se debe cumplir un plazo mínimo de cinco años; el matrimonial, en cambio, es el único en España que se puede resolver unilateralmente, sin causa y a los tres meses de ser contraído. Como se puede apreciar, es el de menor relevancia, negándole la ley de hecho toda trascendencia para la persona y para la sociedad.
Es razonable pues reclamar que la legislación española cree un clima jurídico de apuesta por la estabilidad del matrimonio, de tal manera que el efecto pedagógico para las ge- neraciones más jóvenes deje de ser como el de hasta ahora, el cual incita a que sea considerado el compromiso más banal y frívolo. El ciudadano, y la sociedad en su conjunto, necesitan que el contrato matrimonial sea respetado y que la ley apueste por ello.
No podemos conformarnos con el reconocimiento solo con palabras –tan susceptibles de que se las lleve el viento- de que la fa- milia es importante para la sociedad. Tampoco se trata de realizar un gesto aislado, como hacer un día de la familia o crear un ministerio de la familia, sin más. Necesitamos que todas las políticas estatales con carácter transversal (políticas de empleo y de relacio- nes laborales, la educación, la función pública, la sanidad, ...) se hagan con perspectiva de familia. Es decir, que las políticas definidas por el Estado sean familiares, puesto que las familias somos los administrados en todas las caras de la Administración: trabajadores, ciudadanos, sujetos que pagamos impuestos, etcétera.
Con respecto a la política fiscal también esta tendría que tener una perspectiva familiar, y no como ocurre hoy día con el IRPF que pagamos en España, dicho sea de paso, tan injusto con la familia. Por extraño que parezca, en nuestro país se penaliza a las familias en los que solo uno de los cónyuges es perceptor y el otro permanece en casa sin cotizar y cuidando del resto de los miembros. Así, ganando lo mismo, un matrimonio con dos perceptores paga menos IRPF que un matrimonio con un solo perceptor. Con lo cual, no es que no se favorezca la maternidad es que en España además se la penaliza. No creo que ofenda a nadie que se hagan políticas a favor de la familia, como nadie debería sentirse molesto porque se apoyen desde el Estado las inversiones en I+D; una y otra son beneficiosas para el país. De ahí la necesidad de ir avanzando en un con- senso político y social a favor de la familia.
En este tema Francia nos lleva la delantera. En el país vecino, todas las políticas, tanto de la derecha como de la izquierda, son profamilia y pronatalidad. Desde hace más de cuarenta años se hace en Francia una política que defiende y favorece la maternidad hasta tal punto, que ningún gobierno la discute cuando llega al poder. Ello ha propiciado que en estos momentos el país galo registre una de las tasas de natalidad más altas de Europa y esté a punto de garantizar el relevo generacional. ¡Qué lejos queda España de todo esto!
Otro tema decisivo a tratar en perspectiva de familia es la educación. Los padres no podemos dejar a ningún gobernante, sea del signo que sea, la formación moral de nuestros hijos. Lo mejor para apos- tar por la calidad es apostar por la libertad. Sin libertad no puede haber calidad.
Los padres no podemos dejar a ningún gobernante, sea del signo que sea, la formación moral de nuestros hijos
vivir en familia genera un gran beneficio a la sociedad; por eso es razonable pedir que desde el Estado se ayude a la familia
La mujer, como cuna de la vida, también ha sufrido y sufre en sus relaciones laborales una notable discriminación. Existen factores culturales, educacionales, políticos, etc. que condicionan la conciliación. Muchas veces no es un problema de números sino de mentalidad. Acabar con el desprestigio ideológico de la maternidad y crear un clima propicio para su desarrollo es imprescindible. Todavía hoy la conciliación laboral y familiar es una carga muy onerosa para la mujer; en muchos casos apostar por la maternidad supone renunciar a la competitividad profesional.
Pensar que lo único que plenifica a la mujer es solo su desarrollo laboral puede tener consecuencias más que negativas. En Alemania una presentadora de televisión , Eva Herman, ejemplo de la mujer triunfadora, ha reconocido públicamente generando un amplio debate social. su arrepentimiento por renunciar a la maternidad, Y lo hacía con palabras tan sinceras y desgarradoras como: “Me he dejado engañar por el éxito y el dinero; he huido de la maternidad y la familia. Y ahora me siento `profundamente frustrada”.
Las empresas pueden ayudar mucho a implementar políticas en perspectiva de familia si tienen en cuenta la familia de los empleados a la hora de diseñar y ejecutar la gestión empresarial. La voluntad de ser madre no se puede comprar, pero todo incentivo a la maternidad va por buena dirección, pues solo así la mujer podrá elegir libremente al ver removidos parte de los obstáculos que actualmente hacen que la inmensa mayoría de las mujeres europeas declaren que tienen menos hijos de los que desearían tener.
Revista Buena Nueva