La nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, ya ha manifestado con rotundidad que es partidaria de la eutanasia, por un pretendido derecho sobre el propio cuerpo, a la vez que solicita un debate racional sobre el tema. Sirvan estas notas como una aportación.

No existe un derecho al propio cuerpo. De ahí la penalización del suicidio o la prohibición de comercializar partes del mismo: sangre, esperma, óvulos, un riñón. Si existiera tal titularidad, esas limitaciones no existirían. Eso es una evidencia, como lo es que ni yo ni nadie dice “soy” un nacido, sino que “he” nacido. Mi vida no dependió de mí. También es una evidencia el deber general de preservar la vida y evitar el sufrimiento. Sobre estas premisas se ha de levantar una política pública, y no sobre el a priori de que la muerte es una solución.

El deseo de la propia muerte no es una razón suficiente. ¿Cómo no considerar las consecuencias sociales de un deseo personal? Esa no es la lógica con la que una sociedad alcanza su bien. Lo que cada uno deseamos es una razón, pero ni mucho menos toda la razón. Ejemplo: ¿quién me puede prohibir a mí con un buen coche, siendo un buen conductor, que circule a 140? La eutanasia tiene efectos dañinos irreparables sobre terceros más débiles. La experiencia de Bélgica y Holanda lo constata. El deseo no basta para defenderla porque no es socialmente inocua. Un bien individual no puede imponer un riesgo social, más cuando el cuidado paliativo, la sedación y la atención médica para evitar el sufrimiento, aunque ello acorte la vida (como la acortan otros actos médicos), es una respuesta razonable. El fin de la eutanasia, como del suicidio asistido, no es evitar el sufrimiento, sino matar para que el sufrimiento no se produzca.

La presentación de casos singulares extremos no puede fundamentar la eutanasia. Primero, porque la legislación para toda la sociedad, para esta cuestión, la del sufrimiento, como para cualquier otra, no se puede establecer a partir de los extremos, sino del grueso central de lo que sucede en el ámbito que se pretende legislar. Aquellas cuestiones pueden ofrecer un grado de emotividad muy grande. De la misma manera que no son las víctimas del terrorismo -y eso es también un dolor terrible- quienes han de dictar las leyes contra el terrorismo, aunque sí deben ser escuchadas y razonar con ellas en busca de la máxima identidad. Quienes padecen situaciones tan extremas no son quienes mejor pueden razonar sobre la eutanasia. No se legisla a través de la emoción, porque las emociones no son razones, por el hecho de ser sentimientos; pueden -condicional- serlo, pero no lo son por principio. Solo así se legisla bien y con justicia. Precisamente uno de los graves problemas que arrastra el Código Penal español es el de sus numerosas modificaciones a golpe de corazón. ¿Cómo no va a pedir la prisión permanente la madre de una menor asesinada? Pero esa no será la solución justa.

Se descalifica el derecho a la vida afirmando que responde a visiones personales. Claro que sí, al igual que quienes defienden la muerte como solución. Lo importante es la capacidad para intercambiar razones y buscar puntos de acuerdo, en lugar de demonizar al otro culpándole de los propios sufrimientos y adversidades. Precisamente ese es el mal que aqueja a otros muchos aspectos de este país, que acaba convirtiendo el debate de las leyes, de la política, en un debate entre intratables. Que no sea así en nuestro caso.

Mi punto de vista es muy concreto.

1. Las atenciones paliativas sin acompañamiento de medios para forzar la prolongación de la vida, y aunque entrañen su acortamiento sin que este sea su fin, son la solución más positiva y sin consecuencias negativas para el sufrimiento del fin de la vida.

2. El objetivo es conseguir que dichos servicios sean accesibles a toda la población.

3. La sociedad debe fundarse en el respeto a la vida y la supresión del sufrimiento. Introducir la muerte como solución abre una dinámica ética que nos retrotrae a las épocas de la eugenesia.

4. Los países con eutanasia descuidan-ahorran los cuidados paliativos, con lo que el agregado social del sufrimiento empeora, porque la única solución para no sufrir es que te maten, y si no lo aceptas, sufres. Es mejor que nadie sufra.

La eutanasia presiona socialmente a los más débiles y desasistidos, que son una carga para sus familias, para que sean descartados de la vida. Los compartimientos personales no nacen de la nada. Su caso es una muestra. Se construyen bajo unas condiciones determinadas, que no deciden, pero influyen, y ese es el problema con la eutanasia, que da una respuesta mortal a la frase “es que yo no sé qué hace en este mundo”. Es necesario recordar que solo en unos escasísimos países del mundo existe el derecho a la muerte, incluso lo prohibió el Japón, que tenía sacralizado el suicidio asistido. Quienes nos oponemos a este tipo de solución somos la inmensa mayoría de la humanidad, y no todos necesariamente por razones religiosas. La eutanasia en la práctica ha demostrado que es una causa más de desigualdad. Afecta mucho más a quienes menos tienen. Si fuera esa solución fantástica no se explicaría que en Holanda muchos ancianos en fase terminal prefieren asegurarse el fin en un hospital privado con buena atención paliativa, que acudir a uno público, por si acaso. Claro que para poder hacer eso uno debe pagárselo.

“Hecha la ley, hecha la trampa”. En un país como España, donde la cultura de cumplimiento de las leyes es escasa, y lo importante es que no se sepa, y no que se cumpla, intentar regular la muerte legal de personas es un riesgo brutal que dará pie a todo tipo de abusos.

Publicado en Fórum Libertas.