El 13 de septiembre se inauguró el 66 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. La imposición del aborto como derecho humano y entre los Objetivos del Milenio para el Desarrollo no se limita a algunas agencias de la ONU, sino que es política de toda la organización.
En el marco del logro de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo y del respeto y la profundización de los derechos humanos, la Asamblea General de Naciones Unidas tratará el informe anual del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la sra. Navi Pillay. El informe se titula Practices in adopting a human rights-based approach to eliminate preventable maternal mortality and human rights. En él se insta a los Estados a eliminar las leyes contra el aborto.
En el documento se afirma que las leyes que impiden o limitan el aborto son un obstáculo para la reducción de la mortalidad materna (Objetivo del Milenio n° 5) y son contrarias a los derechos humanos. En concreto, la prohibición o la limitación del “acceso al aborto”, se califica como “violatoria de las leyes internacionales", como "discriminatoria contra la mujer" y como "una violación del derecho a vivir libre de tortura".
Entre las llamadas “limitaciones para el acceso al aborto” se incluyen la “necesidad del consentimiento paterno”, en el caso de menores solteras, y la “necesidad del consentimiento del esposo”, en el caso de mujeres casadas. Se entiende también como una limitación que se debe eliminar, la objeción de conciencia de los médicos, y se instruye a los Estados para "organizar los servicios de salud a fin de que el ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales de la salud no impida que las mujeres obtengan acceso a los servicios de salud", entre los que se considera el aborto.
Conviene recordar que estas medidas se encuentran explícitamente enunciadas en la Recomendación General n° 24 del Comité de seguimiento de la Convención de toda forma de Discriminación contra la Mujer de 1999, y en la Observación General n° 14 del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 2000. Por lo que es lógico afirmar que el sistema de derechos humanos de la ONU está corrompido desde hace mucho tiempo.
La finalidad del informe es dar cumplimiento a la Resolución 11/8 del Consejo de Derechos Humanos y a la Resolución 24/5 de la Comisión para el Estado de la Mujer, así como a las políticas enunciadas por el Secretario General, Ban Ki-moon, en dos informes: Keeping the promise: a forward-looking review to promote an agreed action agenda to achieve the Millennium Development Goals by 2015, (A/64/665, 16-0310), y Global Strategy for Women and Children’s Health (2010).
Los redactores del texto declaran que sus fuentes son, entre otras: los trabajos del Banco Mundial, de UNICEF, del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP-UNFPA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO); del Comité sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación de la Mujer (Comité de la CEDAW); los informes del Relator especial de la violencia contra las mujeres; y de 14 organizaciones de la sociedad civil, todas ellas promotoras del aborto, entre las que figuran la International Planned Parenthood Federation (IPPF), la internacional del aborto y la corrupción de menores; el Center for Reproductive Rights, la entidad redactora del Protocolo Facultativo de la CEDAW; Pathfinder Internacional, algunas filiales del IPAS y de Marie Stopes, etc.
Sin ir más lejos, el boletín feminista Women News, que recoge noticias de organismos internacionales y ONG’s, en su número del 16-0911, insistía en que el aborto inseguro, que en su lenguaje significa aborto no legalizado, es uno de los mayores inconvenientes para que Brasil alcance en el 2015, los Objetivos de Milenio para el Desarrollo.
La crisis económica mundial y las medidas de austeridad decretadas por los gobiernos han alarmado a los burócratas internacionales. The New York Times, vocero de la agenda abortista y pro gay, se mostraba alarmado, el 6 de septiembre pasado, por el recorte de fondos para mantener la estructura de la ONU.
Por otro lado, vale la pena tener en cuenta la afirmación de la presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, que al exigir una reducción de los fondos que ese país destina a la ONU, afirmó que las Naciones Unidas es un “caldo” en el que se mezclan “la corrupción, la mala gestión y la negligencia”, (30-0811).