Escribo estas líneas cuando todavía Ramona Estévez está agonizando. Agonizando de hambre y sed. Afortunadamente para ella, su infarto cerebral la mantiene ajena al conocimiento y el dolor. Su hijo, que no quiere verla sufrir, ha pedido que dejen de alimentarla e hidratarla, para que se muera lo antes posible. Porque Ramona tiene 90 años y ha sufrido un infarto cerebral. No está en muerte cerebral (porque entonces estaría muerta). Su cerebro está herido, pero aún no ha muerto. Su hijo considera que lo más digno, en estas circunstancias, es dejar de vivir. Y si se la alimenta artificialmente, claro, vivirá más tiempo. La pobre mujer lleva sin comer ni beber más de una semana. Y sigue viviendo. Imagínense si encima se la llega a haber alimentado... ¿Cuánto tiempo más podría haber soportado esta mujer? Así que ha pedido a los médicos que dejen de alimentarla artificialmente. Se ampara para ello en el artículo 8.1 de la ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte de la Comunidad Autónoma de Andalucía que dice así:
“La persona que se encuentre en el proceso de muerte tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios”.
“La persona que se encuentre en el proceso de muerte tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios”.
Dado que Ramona no está en situación de decidir nada por ella misma, ha sido su hijo, en su nombre, quien ha tomado tal decisión, argumentando que su madre no querría vivir “conectada a los tubos”.
No han argumentado ningún motivo religioso para aplicar la sonda nasogástrica, con la que Ramona podía ser alimentada, sino el simple y elemental respeto a la vida humana que no merece ser desatendida en el momento de la muerte. Pero el hijo ha visto en ello la oscura mano de la Iglesia, y ha recurrido a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. La consejera, Mª Jesús Montero, ha pedido al hospital que, en aplicación de la ley andaluza de muerte digna, retiren la sonda nasogástrica a Ramona, para que pueda morir con dignidad. Y así, por orden de la consejera, el 23 de agosto se ha dejado de alimentar a Ramona.
La asociación DMD, defensora de la eutanasia, se ha felicitado por ello. Lo cual deja todavía más claro, si es que existiera alguna duda, que lo que se está produciendo aquí es un caso claro de eutanasia: Queda así patente que la llamada muerte digna no es otra cosa que provocar la muerte del que ya no es considerado digno… Si Ramona tiene un infarto cerebral, del que no parece tenga posibilidad de recuperarse, y teniendo en cuenta que ya tiene 90 años, ¿para qué empeñarse en que siga viviendo? Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en esta vida. Que se muera, aunque sea de hambre, pero que deje ya de sufrir. La trampa de fondo es que la muerte digna, se supone, es para evitarle sufrimientos al enfermo. Y Ramona no sufre, porque no es consciente. Hubiera podido morir, de forma natural, a consecuencia de su infarto cerebral, cuando le hubiera llegado su hora. Mientras tanto, lo humano, lo digno, es alimentarla e hidratarla. Pero otros han decidido que puesto que la muerte es inminente, es mejor que ocurra cuanto antes. Como no la han podido pegar el tiro de gracia (todavía nos repugna un poco la conciencia) la quieren matar de hambre y sed.
La pobre Ramona no tiene la culpa. Afortunadamente para ella, no es consciente de que su caso se está utilizando como palanca para presentar un argumento favorable a la eutanasia en nuestra sociedad. Porque la ley andaluza posibilita que si la persona no está capacitada para entender la información y tomar una decisión, es el médico quien puede hacerlo en su lugar. Con ello se da seguridad jurídica a los médicos que practican eutanasias encubiertas y se desprotege a los enfermos (a usted y a mí, llegado el caso), colocándonos en clara situación de riesgo al final de nuestros días. Porque se ha confundido la aplicación de medidas extraordinarias con las básicas de soporte vital, cual es la de la alimentación e hidratación.
Los de DMD se oponen a considerar la alimentación con sonda nasogástrica como un cuidado básico (“meterte un tubo por la nariz a una persona no es digno”, dicen ellos). Pero ante situaciones de completaincapacidad para la alimentación oral la sonda se convierte en una de las medidas ordinarias que precisan los pacientes con dependencia. Los cuidados básicos forman parte de las normas de buena práctica clínica (lex artis) que todos los profesionales sanitarios están obligados a realizar. El hecho de que se deba realizar mediante sonda, no debe confundir el carácter de medida ordinaria. La sonda, como soporte ordinario nutricional de mantenimiento, se establece cuando el único resultado posible derivado de la suspensión de la hidratación y la alimentación es la muerte, por lo que en esos casos se trata de un cuidado básico. Si se suprimiera, causaría de modo directo la muerte. Su utilización viene obligada por la lex artis. Pero el problema es que la ley de muerte digna consagra que el paciente (o quien le representa) pueda exigir que no se le apliquen tratamientos, aunque sean tratamientos básicos, cuya supresión vaya en contra de la lex artis. Así ha hecho el hijo de Ramona. Y así ha ordenado Mª Jesús Montero que se haga. Y ahí tenemos a una pobre anciana de 90 años, que sin comerlo ni beberlo (nunca mejor dicho), lleva ya 11 días en ayunas y está siendo utilizada como ariete de la eutanasia. Toma muerte digna.