La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobaba el otro día una resolución por la que solicita a los Estados miembros que respeten el derecho a la objeción de conciencia de los médicos que se nieguen a perpetrar abortos. Tal resolución se adoptó después de una votación apretadísima; y como resultado de la tramitación de sucesivas enmiendas a un texto originario que proponía exactamente lo contrario: es decir, exhortar a los Estados miembros a impedir el ejercicio de tal derecho, convirtiendo a los objetores en criminales. Ingenuamente, podríamos creer que se trata de una victoria de la objeción de conciencia; cuando, en realidad, se trata de una paso más en la paulatina conculcación de este derecho, que se ha convertido en una suerte de «concesión graciosa» que los Estados permiten, cuando y como les apetece o conviene. Pues desde el momento en que aceptamos que los derechos humanos, «indivisibles, inviolables e inherentes» a la persona, pueden ser remodelados, redefinidos, desnaturalizados o simplemente negados mediante votaciones o mayorías parlamentarias, hemos aceptado su conculcación.

Quienes promueven esta desnaturalización actúan de forma muy astuta, en su propósito de crear artificialmente una «opinión pública» favorable a sus manejos. Para lograr sus propósitos, desarrollan un activismo incansable en los organismos internacionales, donde se redactan textos en los que se redefinen constantemente los derechos humanos. Tales textos carecen de valor jurídico, pero tienen una gran importancia política, pues —por estar bendecidos desde instancias de tanto «predicamento»— crean un espejismo de «consenso internacional» y aparecen revestidos de una legitimidad de la que en realidad carecen. El Consejo de Europa es uno de los centros favoritos de los promotores del Nuevo Orden Mundial, desde el que se evacuan documentos sin valor jurídico que luego son asumidos por el activismo proabortista e introducidos en el lenguaje político, hasta que acaban siendo adoptados por los Estados, que a la vez que fingen obedecer una instrucción internacional pueden presumir de respetar los procedimientos democráticos (votaciones, mayorías parlamentarias, etcétera). Así se impone una nueva y más sibilina forma de totalitarismo que, a diferencia de los totalitarismos antañones, ya no actúa desde una esfera política exterior, sino modelando a su gusto y conveniencia la esfera interior o conciencia del individuo, mediante la manipulación de la «opinión pública» (que es como eufemísticamente se llama al rebaño sometido y adoctrinado).

En esta votación los promotores del Nuevo Orden Mundial no consiguieron aprobar un texto que satisficiera sus propósitos, por un levísimo error de cálculo. No importa: volverán a intentarlo en unos pocos años, y lograrán aprobar la ansiada resolución que exhorte a los Estados miembros a impedir el ejercicio de la objeción de conciencia. Cuando los Estados miembros la incorporen decididamente y sin ambages a sus legislaciones (en España ya la están incorporando sibilinamente, convirtiendo a los objetores en apestados), la «opinión pública» habrá dejado de resistirse. En unos pocos años, los objetores de conciencia se convertirán en seres asociales, en peligrosos criminales que pretenden impedir el libre ejercicio del sacrosanto "derecho al aborto". Así actúa el Nuevo Orden Mundial: con la irreprochable lógica del Mal.

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