A pesar de que la organización de la JMJ ha presentado una y otra vez las cifras, los grupos contrarios a la concentración juvenil y a la visita del Papa se han aferrado a la idea de que ambas se pagarán con los impuestos de todos los españoles.
En realidad el 70% lo costearán los peregrinos, y el 30% restante patrocinadores privados. Los gastos indirectos que genera el acontecimiento (seguridad policial, limpieza, servicios médicos, etc.) son los que corresponden a su magnitud, y corren con ellos las Administraciones Públicas en este caso como en cualquier otro, incluidas las manifestaciones contra la visita o las mismas concentraciones de "indignados" de la Puerta del Sol, que ni siquiera eran legales.
El caso es que incluso desde ámbitos socialistas, en su mayor parte hostiles a la visita salvo en la responsabilidad institucional que corresponde al Gobierno y al PSOE en cuanto partido del Gobierno, se ha desmentido la idea del "coste" de la Jornada.
En entrevista concedida a Europa Press, el vicesecretario general del partido socialista, portavoz del Ejecutivo y ministro de Fomento, ha destacado que la visita del Papa se ha organizado "de manera austera" y será "buena" para la economía española: "Es verdad que acarreará algunos gastos, pero también importantes ingresos y al final, ponderando ambos, no supondrá un gasto para el Estado", destacó José Blanco.
Además, él personalmente estará en la misa de Cuatro Vientos, por un lado en representación del Gobierno, y por otro a título personal, pues se declara católico: "Soy creyente, por lo tanto no me incomoda, sino todo lo contrario, estar en esa misa".
También ha defendido el "derecho" del Papa a opinar sobre las leyes españolas, a pesar de que algunas organizaciones laicistas han pedido al fiscal general del Estado que vigile lo que diga Benedicto XVI para, en su caso, procesarle.
Blanco ha defendido también el derecho a manifestarse contra la visita, así como el polémico itinerario aprobado por la Delegación del Gobierno en Madrid para las marchas anti-Papa, itinerario criticado por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón por entrar en conflicto con otras autorizadas previamente con motivo de la JMJ.