La Fiscalía de Madrid ha pedido el sobreseimiento de la causa seguida contra la matanza continuada de niños que realizaba Carlos Morín en su negocio llamado CB Medical instalado en la capital española.
Según se detalla, el Ministerio Público en Madrid, a cuyo frente se sitúa Eduardo Esteban, antiguo portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, considera que no existe «prueba de cargo suficiente» y que los abortos realizados cumplieron «todos y cada uno de los requisitos» de la ley de despenalización de supuestos que estará en vigor hasta el próximo 5 de julio.
Sin embargo, es la propia Fiscalía la que subraya la «escasa motivación» de los informes emitidos por Miguel Ángel Ibañez, que ejercía de psiquiatra sin tener titulación para ello, circunstancia que entiende sólo es merecedora, en su caso, de una sanción disciplinaria o administrativa. Aún más, el Ministerio fiscal reconoce que «pese a la existencia de indicios de la comisión, en la clínica inspeccionada, de interrupciones del embarazo sin el rigor médico exigible», no se ha incurrido en un delito.
La portavoz de la plataforma Derecho a Vivir (DAV), la doctora Gádor Joya, considera que «la Fiscalía está actuando más por motivos ideológicos que ajustándose a criterios jurídicos. No es de recibo que la Fiscalía afirme que no existen pruebas de que se realizaron los abortos "sin previo dictamen psiquiátrico" mientras Miguel Ángel Ibáñez no tenía titulación para ejercer como psiquiatra».
Se trata, a juicio de la portavoz de DAV, «de una nueva táctica en el ámbito jurídico, que trata de blindar el negocio de los empresarios del aborto, motivo que en buena medida impulsó la redacción de la nueva ley del aborto que entra en vigor el próximo mes de julio».
Además de esta causa en Madrid que ha sido cerrada, el ginecólogo peruano Carlos Morín tiene otra causa abierta en Barcelona, también por presuntas irregularidades en abortos.