La Conferencia Episcopal de Estados Unidos dio a conocer el 21 de mayo pasado una declaración «Setting the Record Straight», (Pongamos las cosas en claro) condenando la postura de la Catholic Health Association (CHA), que apoyó la ley de reforma de los servicios de salud promovida por el gobierno de Obama la cual, entre otras cosas, abre la posibilidad de la financiación de abortos con fondos del presupuesto federal y no respeta la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
En la declaración, los obispos afirman que la CHA causó una profunda herida a la unidad de la Iglesia católica, apoyando la nueva ley y que las divergencias entre la Conferencia Episcopal y las prestadoras «católicas» de servicios de salud, especialmente con la Catholic Health Association, son mucho más graves que simples diferencias de análisis o estrategia.
Entre otras cosas el documento aclara que nunca es lícito aceptar lo intrínsecamente malo para conseguir algo bueno, por lo tanto no se puede buscar «el bien común» descuidando o negando los derechos de los miembros más vulnerables de la sociedad, incluidos los niños no nacidos que no tienen voz y los inmigrantes.
La postura de la CHA es un desacuerdo fundamental y formal con el magisterio episcopal y no sólo un disenso con posturas personales. Por eso la asociación en cuestión ha creado, afirma la declaración, una gravísima confusión y ha causado una profunda herida en la unidad católica.
El documento defiende el derecho de los obispos a dar su parecer sobre cuestiones que afecten a la moralidad pública y, en general, a ejercer su ministerio magisterial y de gobierno en la Iglesia católica. «Hacer juicios morales, y proporcionar orientación a los católicos sobre si una acción de gobierno es moral o inmoral es la tarea de los obispos, antes que de cualquier grupo o individuo».
La declaración está firmada por el cardenal Daniel Di Nardo, arzobispo de Galveston-Houston y presidente del Comité para Actividades Pro-Vida de la Conferencia Episcopal; monseñor William Murphy, obispo de Rockville Centre, presidente del Comité de Justicia Interna, Paz y Desarrollo Humnao, y monseñor John Wester, obispo de Salt Lake City y presidente del Comité de Migración.
Con esta declaración la Conferencia Episcopal se une al magisterio de muchos obispos sobre la actuación de las llamadas «monjas disidentes», entre ellos el cardenal Francis Georges, arzobispo de Chicago y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Charles Chaput, arzobispo de Denver y monseñor Raymond Burke, presidente del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica.
Es de notar que la hermana Carol Keehan, directora ejecutiva de la Catholic Health Association, ha tenido que renunciar a su cargo en la junta directiva del Holy Family Hospital Foundation, perteneciente a la Orden de los Caballeros de Malta. Al parecer la intervención de monseñor Raymond Burke en Mundelein Seminary, en abril, fue el motivo de la dimisión de Keehan.
Recordemos que Obama, como dice LifeSite (24-0510), «cortejó» personalmente a la Catholic Health Association y a las «monjas disidentes» agrupadas en la Leadership Conference of Women Religious (LCWR), a la que la Santa Sede ha enviado una visita apostólica.
El 19 de mayo, la Conferencia Episcopal anunció que abandonaba la coalición de ONG’s para los derechos civiles y los derechos humanos, llamada Leadership Conference on Civil and Human Rights (LCCHR).
El motivo de la ruptura fue que tal coalición apoya con entusiasmo a la abortista pro-homosexual Elena Kagan, propuesta por Obama para jueza de la Corte Suprema.
Es muy extraño que la Conferencia Episcopal formara parte hasta ahora, de un organismo del que a su vez participan organizaciones abortistas y pro-gay como: Human Rights Campaign, Lambda Legal, la National Gay and Lesbian Task Force, la National Organization for Women, la National Partnership for Women and Families, y Planned Parenthood (PP), filial norteamericana de la IPPF, la multinacional del aborto y la corrupción de menores.
En febrero pasado, monseñor Robert Vasa, obispo de Baker (Oregon), había expresado su extrañeza y preocupación por la pertenencia de la Conferencia Episcopal a este grupo.
También en febrero, por las denuncias de las organizaciones católicas American Life League (ALL) y Bellarmine Veritas Ministry (BVM), tomó estado público la colaboración de otro organismo de la Conferencia Episcopal, la Catholic Campaign for Human Development (CCHD), con Center for Community Change (CCC), una organización que promueve políticas contra la vida humana y de reconocimiento social y jurídico de los «derechos» de los homosexuales.
Por ese motivo, diez obispos han suspendido en sus diócesis las colectas de dinero para la CCHD: Joseph Adamec de Altoona-Johnstown, Pennsylvania; Robert J. Baker de Birmingham, Alabama; John O. Barres de Allentown, Pennsylvania; Lawrence Brandt de Greensburg, Pennsylvania; Fabian Bruskewitz de Lincoln, Nebraska; Victor Galeone de St. Augustine, Florida; Robert C. Morlino de Madison, Wisconsin; Kevin Rhoades de Harrisburg, Pennsylvania; David Ricken de Green Bay, Wisconsin y Edward J. Slattery de Tulsa, Oklahoma.