(Zenit/ReL) Los obispos de Ecuador firmaron el pasado 14 de agosto una declaración oficial en la que reiteran su postura crítica ante el texto de la futura constitución que se someterá a referéndum el próximo mes de septiembre. Los treinta y tres prelados del país, presentes en Quito con motivo del Congreso Americano Misionero celebrado la semana pasada, acordaron por unanimidad un escrito en el que ratifican una declaración anterior del 28 de julio, que entonces fue firmada por los integrantes el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, cuyo presidente es monseñor Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil. En este nuevo escrito, los obispos ecuatorianos insisten, a pesar de las críticas recibidas, en que, tanto según el Catecismo de la Iglesia Católica como según el ‘Modus Vivendi firmado entre la Santa Sede y el Gobierno del Ecuador, en vigor desde 1937, si bien la Iglesia no puede intervenir institucionalmente en política, tiene "plena e incontestable libertad para predicar, exponer y defender la doctrina dogmática y moral católica". En el anterior escrito del 28 de julio, los obispos insisten que es de su competencia "iluminar las conciencias de los católicos para que tomen una decisión responsable y en conciencia, ante Dios y la sociedad". "No nos alineamos con nadie, somos los mismos desde hace dos mil años", añadía el comunicado.. Además, recuerdan que éste rechazo "es compartido con más de 800.000 firmas entregadas a la Asamblea Constituyente y también por los hermanos cristianos evangélicos y otros ecuatorianos de buena voluntad". Vida, familia, educación y libertad religiosa, principios "no negociables" En el anterior documento, ahora ratificado por todos los prelados, si bien se apreciaban avances en lo referente a "la centralidad de la persona", se advertían "inconsecuencias respecto a otros fundamentales enunciados, como el del aborto, la familia, la educación y la libertad religiosa". Estos principios "no son negociables", advierten los obispos, y "exigen una actitud clara" por parte de los creyentes". Respecto de los derechos fundamentales, el proyecto constitucional "deja la puerta abierta a la supresión de la nueva creatura en el seno de la madre"; además de "equiparar a la familia la unión de personas del mismo sexo". Otro de los puntos de fuerte desacuerdo es el "estatismo" o la preeminencia del Estado por encima de las personas: "En una democracia real el Estado está al servicio de la persona y de la sociedad y no las personas y la sociedad al servicio de Estado. Descubrimos que el estatismo parece ser un hilo conductor de la nueva Constitución". Este estatismo es especialmente patente en la educación, ya que según los obispos, "el derecho de los progenitores y el reconocimiento de la libertad de enseñanza vienen contradichos cuando el Estado se arroga el derecho de determinar lo que se tiene que enseñar y lo que se tiene que ignorar". "Bajo la afirmación de que la educación es un servicio público, se considera la educación particular y fiscomisional como una mera concesión del Estado y no como una expresión del derecho de los padres de familia. Aunque el Gobierno actual siga todavía "delegando" a establecimientos particulares la facultad de educar, no hay ninguna garantía de futuro, cuando el Estado adquiere la facultad de regulación y control de todos los aspectos de la educación". Los obispos insisten en que estos puntos son "importantes para una conciencia cristiana", y apelan a la "responsabilidad de los ciudadanos". "Seremos, en el referéndum, tan responsables como los propios legisladores respecto de las estructuras jurídicas y sociales que regirán al Ecuador del futuro", añade el documento. Ambas declaraciones pueden leerse en: www.iglesiaecuador.org.ec Torta sabrosa con gotas de cianuro Por otra parte, el secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, José Mario Ruiz Navas, comparó el proyecto de Constitución “con una torta sabrosa a la que le han puesto gotas de cianuro”. Esas declaraciones las hizo durante una entrevista en un canal de televisión, donde además manifestó que varios artículos “no son compatibles con la fe católica ni con la humanidad”. En un convenio suscrito entre la Iglesia Católica y el Estado de Ecuador en 1937, se establece que el clero ecuatoriano “se mantendrá fuera de los partidos y será ajeno a sus competiciones políticas”. Ante esto, los obispos explican que en un acuerdo adicional se establece que el primer convenio “en nada menoscaba la plena e incontestable libertad que asiste al clero para predicar, exponer y defender la doctrina dogmática y moral católica”. En base a el convenio, la militante de Impunidad Jamás demandó al presidente de la CEE, Antonio Arregui.