Al comenzar un artículo publicado en el sitio web de su archidiócesis, el prelado expresa su dolor y vergüenza ante estos hechos, y reitera que la Iglesia coloca en primer lugar «la seguridad del niño porque es una persona indefensa».
 
Seguidamente reconoce que algunos obispos no han tratado adecuadamente algunos de los casos de abusos sexuales cometidos por clérigos y explica que ante estos casos «el rol de la Santa Sede consiste en ofrecer una guía y consejo para garantizar la observancia de los procedimientos, incluso la reserva necesaria en la tutela del buen nombre de los testigos, los acusados y las víctimas. Esto hace parte de un proceso jurídico responsable. Esta reserva no tiene nada que hacer con la confidencialidad o “sigilo” del confesionario, que está protegido por los derechos de conciencia», informa ACI.
 
El arzobispo explica luego que «la administración del derecho de la Iglesia y el derecho penal en cualquier Estado es un elemento de dificultad e incomprensión. Nada en el derecho canónico prohíbe o impide referir estos delitos a la Policía». Sin embargo, prosigue, «desde el año 2001 la Santa Sede, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe (presidida en ese entonces por el cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI) alentó a que este tipo de acciones en las diócesis que se hayan probado como delitos de abusos a niños, sean delitos que la autoridad diocesana tenía el deber de fiscalizar. Es una responsabilidad de la diócesis. El procedimiento canónico debe esperar hasta que la investigación penal haya concluido, y hasta que esto logre un resultado, cualquiera que sea. Esto hace falta. El hecho que no haya ocurrido es profundamente reprobable».
 
Ante todo esto, el arzobispo cuestiona: «¿Cuál es el rol del Papa Benedicto? Cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe introdujo importantes cambios en el derecho de la Iglesia: incluyó en el derecho canónico los delitos contra los niños cometidos a través de Internet, extendió los delitos de abusos a niños hasta incluir todos los abusos cometidos a menores de 18 años, la renuncia caso por caso a la prescripción y la elaboración de un sistema de rápida remoción del estado clerical de los acusados. El Papa no es un observador ocioso. Sus acciones hablan tanto como sus palabras».
 
Monseñor Nichols explica luego que en su país la Iglesia está determinada a darle plena seguridad a los menores y luego comenta que un solo abuso «ya es demasiado. Un niño abusado es una tragedia y una desgracia. Un solo caso es suficiente para justificar la rabia y la indignación». «La obra de protección, necesaria en cualquier organismo y en toda nuestra sociedad, es difícil pero absolutamente necesaria. La Iglesia Católica está empeñada en esta obra», concluye.