Para conseguir los votos necesarios en la Cámara de Representantes, Obama prometió una orden ejecutiva -un decreto- prohibiendo la financiación del aborto con fondos federales. Obama promulgó la ley el 22 de marzo y el 23 firmó la orden ejecutiva. La urgencia por sancionar el texto legal hizo que algunos de sus apartados tuvieran que ser tratados otra vez por el Senado. Al fin, el 30 de marzo, el presidente promulgó la segunda parte de la ley, sin que este paso alterase la cuestión de los fondos para el aborto. Es de notar que entre las enmiendas a la ley que la mayoría demócrata del Senado rechazó, se encontraba la que prohibía la distribución de la píldora RU-486 (mifepristona), el pesticida humano, que mata al embrión cuando éste está implantado en el útero de la mujer.
El 23 de marzo, antes de que Obama firmase la orden ejecutiva, el Cardenal Francis George, arzobispo de Chicago y presidente de la Conferencia Episcopal, hacía pública otra declaración del comité ejecutivo de la Conferencia en la que, si bien reconocen que la nueva ley extiende los beneficios de salud a una parte de la población desprotegida, también afirman: «Como obispos católicos nos hemos opuesto a su aprobación porque hay pruebas convincentes de que aumentaría el papel del gobierno federal en la financiación y facilitación del aborto y de los planes que incluyen el aborto. La ley destina cientos de millones de dólares de financiación a la salud sin prohibir explícitamente el uso de esos fondos para el aborto, y proporciona subsidios federales a planes que incluyen abortos voluntarios (a petición), (…) el mismo hecho de que sea necesaria una Orden Ejecutiva para clarificar la legislación, señala las deficiencias de la ley. No entendemos como una Orden Ejecutiva, no importa la buena intención con que se haya firmado, puede sustituir el mandato de la ley. La ley también es gravemente deficiente porque no otorga protección a la objeción de conciencia (tanto en lo referente al aborto como más allá de este contexto)».
El 26 de marzo, se dio a conocer el dictamen del comité jurídico de la Conferencia Episcopal que confirmaba las sospechas de algunos asesores de la misma Conferencia y de dirigentes de organizaciones pro-vida. La orden ejecutiva firmada por Obama no evitará la financiación del aborto a petición con fondos federales, ya que no pone límites a la utilización de dinero que recibirán de los Community Health Centres (centros comunitarios de salud), que podrá ser usado para financiar abortos.
A su vez, la columnista del Washington Post, Kathleen Parker, escribía el 28 de marzo que las disposiciones sobre el aborto de la nueva ley no pueden corregirse con una orden ejecutiva, sino con otra ley del Congreso. Además, dice Parker, tanto la ley como el decreto de Obama, han sido redactados en modo «intencionalmente complicado»: por un lado las omisiones, «el problema no es lo que dicen sino lo que no dicen»; y por otro, tienen partes redactadas en lenguaje «pantanoso».
Para Parker las nuevas disposiciones legales sobre el sistema de salud dan un rodeo para saltarse la enmienda Hyde (19761977), que prohíbe la financiación del aborto con fondos federales. El dinero para los abortos llegará a los Centros comunitarios de salud, ya que su presupuesto fue dejado intencionalmente fuera del alcance de la orden ejecutiva de Obama. «Esta administración siempre tuvo voluntad de financiar el aborto, y ahora tiene el camino para hacerlo», concluye Parker.
Planned Parenthood (PP, Paternidad Planificada), filial en USA de la IPPF, la industria internacional del aborto y la perversión de menores, festejó la sanción de la ley como una «gran victoria para la salud de la mujer». Cecile Richards, presidente de la organización, calificó de «gesto simbólico» la orden ejecutiva de Obama, y agregó que PP «aplaude la disposición de la ley de ampliar la cobertura en planificación familiar de Medicaid, lo que aumenta considerablemente el acceso a cuidados de salud preventiva para millones de mujeres», un eufemismo usado para no usar la palabra aborto.
«Como resultado de esta histórica ampliación de la cobertura sanitaria -dijo Richards-, los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que trabajan en los centros de salud de Planned Parenthood, podrán atender a mucha más gente». Los centros de PP se dedican exclusivamente al aborto quirúrgico; a distribuir elementos para aborto químicos; y a la provisión de anticonceptivos.
Días después, la misma Cecile Richards felicitó y agradeció a las monjas disidentes, que apoyaron el proyecto de reforma del sistema de salud, «fue un apoyo trascendental» para este proyecto de ley que aumenta significativamente la cobertura en «salud reproductiva», (vid. Life Site, 29-0310; Life News, 29-0310). Richards elogió la «valentía» de las monjas rebeldes «que rompieron con los obispos y el Vaticano para apoyar la reforma». Recordemos que estas religiosas se aglutinan en la Leadership Conference of Women Religious (LCWR), que está sometida a dos investigaciones por parte de la Santa Sede.