Es la conclusión a la que llega el periodista italiano Riccardo Cascioli al analizar, en un artículo aparecido el pasado viernes 26 de marzo en el diario Avvenire, sobre la noticia del diario neoyorquino objeto de recientes discusiones.

Según el New York Times, «altos funcionarios vaticanos – incluido el futuro papa Benedicto XVI – no había expulsado del estado clerical a un cura que había abusado de unos 200 niños sordos, a pesar de que varios obispos americanos hubieran advertido repetidamente que la falta de una acción decidida en este caso podría poner en entredicho a la Iglesia».

«En realidad, precisamente toda la documentación publicada por el New York Times en su página desmiente esta lectura tendenciosa de los hechos referidos al padre Lawrence Murphy, entre 1950 y 1974 capellán en una escuela para sordos de la diócesis de Milwaukee», explica Cascioli.

«Los documentos dicen de hecho que los únicos que se preocuparon por el mal realizado por Murphy fueron los responsables de la diócesis americana y la Congregación para la Doctrina de la Fe, mientras que las autoridades civiles habían archivado el c aso. Concretamente, la Congregación para la Doctrina de la Fe, implicada en la cuestión sólo entre 1996 y 1997, dio la indicación de proceder contra Murphy a pesar de que la lejanía temporal de los hechos constituyera un impedimento a la norma del derecho canónico».

Presentamos la reconstrucción de los hechos ofrecida por Riccardo Cascioli en Avvenire:

«Todo comienza el 15 de mayo de 1974, cuando un ex estudiante de la St. John’s School para sordos presenta una denuncia sobre los abusos realizados sobre él y sobre otros chicos por Lawrence Murphy entre 1964 y 1970, pero – según se ha publicado – tras una investigación, el juez encargado archiva el caso. La diócesis de Milwaukee en cambio aleja en seguida al padre Murphy, con un permiso temporal por motivos sanitarios (hasta noviembre de 1 974) que sin embargo se convierte en definitivo. Una carta de la diócesis de Superior en 1980 explica que Murphy vive en Bounder Junction (Wisconsin), en casa de su madre, aunque continuaba ejerciendo el ministerio sacerdotal ayudando al párroco local.

Mientras tanto, sin embargo, las denuncias ante la diócesis de Milwaukee se multiplican y entre julio y diciembre de 1993 Murphy es sometido a cuatro largos interrogatorios por los responsables de la archidiócesis, acompañados por psicólogos expertos en pedofilia. Surge de ahí un cuadro clínico de “pedófilo típico”, que recomienda un tratamiento psicológico para maníacos sexuales y también un acompañamiento pastoral/espiritual, además de una restricción de la actividad ministerial. Del informe de los interrogatorios se desprende que había 29 denuncias de menores: Murphy admite “contactos ” sólo con 19 de los niños implicados. De los documentos sucesivos se tiene la demostración de que la archidiócesis de Milwaukee prosigue sus investigaciones intentando precisar la realidad y la magnitud de los hechos, y el 17 de julio de 1996 el obispo Rembert Weakland escribe al entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Joseph Ratzinger, pidiendo iluminación sobre el caso de Murphy y sobre otro – no relacionado – de otro sacerdote, acusado de crímenes sexuales y financieros.

Monseñor Weakland hace referencia a la denuncia de 1974, y explica que sólo recientemente ha tenido conocimiento del hecho de que ciertos crímenes sexuales tuvieron lugar durante el sacramento de la Confesión, por lo que había encargado oficialmente a un sacerdote de la diócesis, James Connell, llevar a cabo una investigación en profundidad (el de creto es de diciembre de 1995). Un obstáculo a la verificación de los hechos – afirma monseñor Weakland – procede de la comprensible reticencia de los chicos y de la comunidad de la St John’s School en hacer públicas circunstancias embarazosas. Monseñor Weakland se dirige a la Congregación para la Doctrina d la Fe para pedir una aclaración sobre la jurisdicción en este caso de “crimen de solicitación” (canon 1387), y si es competencia de la diócesis o de la Congregación.

De los sucesivos documentos parece que la carta no llegó nunca a la mesa del cardenal Ratzinger y del entonces monseñor Bertone, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En todo caso, a falta de una respuesta, la archidiócesis de Milwaukee sigue adelante su camino y el 10 de diciembre de 1996 informa a Murphy de que el 22 de noviembre se había abierto un procedimiento penal eclesiástico contra él con un tribunal creado ad hoc. La petición de la acusación es la “expulsión de Murphy del estado clerical”.

El problema que se plantea, sin embargo, es el de la prescripción de los crímenes cometidos, por lo que según la norma del derecho canónico no se podría proceder. Pero el arzobispo de Milwaukee tiene intención de conseguir una derogación del canon teniendo en cuenta la situación física y psicológica de las víctimas. Intención avalada después por monseñor Bertone en la carta del 24 de marzo de 1997. A finales de 1997 el proceso pasa a la diócesis de Superior, pero el presidente del tribunal sigue siendo el mismo de Milwaukee, Thomas Brundage. De los documentos presentados por el New York Times se muestra claramente la intención de las autoridades eclesiásticas de Milwaukee y Superior de proceder de la forma más rápida posible para legar a un acto de justicia y de reparación para las víctimas y la comunidad de la St John’s School.

Mientras tanto, Murphy escribe una carta al cardenal Ratzinger (12 de enero de 1998), pidiendo la anulación del proceso contra él porque la Instrucción de 1962 prevé, para comenzar la acción penal, un plazo de 30 días desde el momento en que se presenta la acusación. Murphy afirma además que – además de estar arrepentido – está gravemente enfermo y vive retirado desde hace 24 años. Por lo que pide que al menos no se le expulse del estado clerical.

El 6 de abril de 1998 monseñor Bertone escribe a monseñor Fliss, obispo de Superior, en nombre de la Congregación par a la Doctrina de la Fe explicando que – tras haber examinado atentamente el caso – no existe un plazo para la acción penal tal y como aducía Murphy, por lo que el proceso puede continuar, aunque – añade Bertone – hay que tener en cuenta el artículo 1341 del Código de Derecho Canónico, según el cual una sanción penal debe ser aplicada sólo tras haber constatado que no sea “posible obtener de modo suficiente la reparación del escándalo, el restablecimiento de la justicia y la enmienda del culpable” con otros medios.

Monseñor Fliss responde el 13 de mayo a monseñor Bertone afirmando que, conforme a cuanto indica la Congregación, es necesario un proceso a Murphy teniendo en cuenta la gravedad del escándalo y el gran dolor infligido a la comunidad católica de la St John’ School.

Se llega por tanto al 30 de mayo, cuando en el Vaticano hay un encuentro entre monseñor Bertone, el subsecretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe Gianfranco Girotti, y los prelados americanos afectados por la cuestión. Del acta del encuentro se desprende que en la Congregación hay dudas sobre la posibilidad y la oportunidad del proceso canónico, dada la dificultad de reconstruir los hechos sucedidos 35 años antes, sobre todo en lo que respecta al crimen en el confesionario, y dado que no existen otras acusaciones desde 1974 en adelante. Bertone por tanto, como conclusión del encuentro, resume las dos líneas fundamentales que aplicar: una restricción territorial para el ministerio sacerdotal (en la práctica Murphy debe quedarse en Superior) y una acción decidida para obtener el arrepentimiento del sacerdote, incluida la amenaza de “expulsión del estado clerical”.

El obisp o de Milwaukee escribe aún el 19 de agosto a monseñor Bertone para ponerle al corriente de las medidas tomadas para llevar a cabo las líneas indicadas por la Congregación, e informarle del hecho de que su diócesis seguirá haciéndose cargo de los costes para apoyar las terapias a las víctimas de los abusos sexuales. Finalmente, el 21 de agosto Murphy muere, cerrando definitivamente el caso».

[Traducción del italiano por Inma Álvarez/Zenit]