José Manuel Contreras, director general de Relaciones conlas Confesiones, presentó algunas de las lineas generales de la nueva Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia en el marco de una mesa redonda en la que también participaron el sociólogo y miembro de la corriente cristiana del PSOE, Fernando Vidal y el catedrático Rafael Navarro Valls.
Contreras señaló a los medios de comunicación minutos antes del acto que el Gobierno sigue apostando por tener lista la nueva ley a lo largo de este semestre y que parte de su contenido estará basado en la incorporación de jurisprudencia constitucional española y de otros tribunales, entre la que se encuentra la reciente sentencia «antictrucifijos» del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo.
Durante sus intervenciones en el acto, preguntado por la demanda social que suelen invocar los políticos para acometer reformas, Contreras defendió la que está en preparación como una «iniciativa del Gobierno», una apuesta programática, porque «las leyes no se hacen sólo por demanda social».
Además, también expuso que «la ley de 1980 responde a una realidad que no es la de hoy», en la que, señaló, hay un millón de mususlmanes, uno y medio de miembros de iglesias evangélicas, 600.000 ortodoxos y presencia de budistas y mormones, junto a un 77% de católicos, entre practicantes y no practicantes, lo que supone unos 35 millones de españoles.
Aunque Contreras asegura que a día de hoy se trabaja con «varios borradores» y que se han mantenido contactos «oficiosos» con las diferentes confesiones (en especial con las reconocidas como de notoriedad y arraigo). De estos contactos y borradores se desprende, además de la incorporación de la sentencia «anticrucifijos», que se abordarán asuntos como que la previsión de espacios dotacionales para los lugares de culto en las leyes del suelo; un estatuto jurídico de los ministros del culto, que regule, entre otros asuntos, su relación con la seguridad social; una regulación mayor de la inviolabilidad de los lugares de culto; la forma de «objetivar» la declaración de notoriedad y arraigo; la regulación de los derechos colectivos de las confesiones; el acceso a subvenciones por actividades de tipo social o caritativo; o la regulación del descanso semanal para quienes no coincida con el domingo.
Sagún reveló ayer Contreras, «el Estado no va a tocar los acuerdos del 79 ni del 76; por lo tanto, jugaremos sobre ese marco normativo que existe: la Constitución, los acuerdos con la Iglesia católica y los acuerdos con las diferentes confesiones. Ese marco no se va a tocar, salvo que ellas quieran».
En este sentido, negó por ejemplo que se fueran a suprimir figuras como la del arzobispado castrense, porque de lo que se trata es de «repensar la laicidad jurídica», que diferencia respecto al laicismo o «laicidad filosófica».