Estos padres evangélicos, que llevan a sus hijos a centros públicos y concertados de Burgos, lo tienen claro: «objetamos por razones de conciencia, después de conocer los objetivos y contenidos de EpC, porque los padres somos los responsables de la educación y formación moral y religiosa de nuestros hijos, antes que ningún gobierno», asegura Luis Giménez, miembro de la Iglesia Evangélica.
Y es que en Burgos, desde que se implantaron las asignaturas de EpC, se han presentado más de 1000 objeciones de padres que se niegan a que el Estado y los gobiernos les impongan los valores a los que tienen que adherirse sus hijos, máxime cuando algunos de estos «supuestos valores» son contrarios a los que se les enseñan en su propia familia, según sus creencias.
Además, los últimos meses han proporcionado a los padres objetores de Burgos (y a los de toda Castilla y León) un respaldo importante: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ya ha eximido de cursar EpC a 549 alumnos (entre ellos 114 burgaleses), por considerar que estas asignaturas vulneran el derecho de los padres a educar a sus hijos porque «están concebidas como un instrumento pedagógico que pretende construir una conciencia moral y cívica obligatoria, sobre la base de un concreto referente común ético».
En todo caso, como indica María Angeles Peña, portavoz de Burgos Educa en Libertad, las objeciones masivas de cristianos evangélicos demuestran que «los padres que se oponen a EpC lo hacen por una cuestión de libertad y son de lo más variado, no responden necesariamente a una ideología ni a una confesión religiosa determinada, lo hacen por sus hijos».
Así mismo, desde esta Plataforma de padres burgaleses esperan que la Junta de Castilla y León, al recibir estas nuevas objeciones, conteste concediendo este derecho y cumpla así con lo determinado por el más Alto Tribunal de nuestra comunidad, que reconoce en sus sentencias, sin ninguna duda, el derecho de los padres a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía tal como está configurada. Si no lo hace así, estaría causando un grave perjuicio a esos niños y a sus padres, al negarles un derecho que según la Constitución Española (tal como corroboran nuestros jueces) les corresponde; perjudicaría así mismo a los profesores y centros educativos, al situarles en una situación de conflicto con los padres y alumnos, e incluso a los propios tribunales de nuestra comunidad, al obligar a estos padres a acudir a ellos para defender su derecho, con el consiguiente cúmulo de trabajo innecesario para nuestro sistema judicial.