El crucifijo no se podrá poner en las aulas de escuelas públicas. Pero tampoco en cuarteles, dependencias municipales -incluidos salones de pleno- , juzgados, hospitales y otros edificios públicos. Los funcionarios con cargo suficientemente alto como para tener despacho, sí podrán colocar en él -si lo desean- un crucifijo. Pero no lo habrá en estancias que sean compartidas o comunes. Las escuelas concertadas que lo deseen, sí podrán mantenerlo. En este caso, aunque tienen también financiación pública, se da prioridad al ideario del colegio.
Se podrá llevar. El texto recoge el derecho que tiene toda mujer trabajadora musulmana -funcionaria o no- a llevar el velo en su puesto de trabajo. Podrán llevar el velo si lo desean y el anteproyecto de Ley lo justifica en la idea de potenciar una mayor «pluralidad» de credos.
Los belenes y otros símbolos religiosos arraigados en la sociedad, serán del ámbito privado. En el caso de lugares públicos, la decisión queda al libre albedrío de cada Administración. Un ejemplo, la colocación de un belén en una Plaza Mayor de cualquier localidad tendrá que ir autorizada por el ayuntamiento que, en caso de conflicto, lo decidirá en pleno.
En cuanto a las procesiones de Semana Santa, los cargos públicos podrán acudir a título personal. O bien, dejando claro que van correspondiendo a una invitación de una parroquia, de una hermandad o similar. Esto abre la puerta a que les sea recomendable aceptar, también, la invitación a actos de otras confesiones.
En el caso de los aeropuertos, si se mantuvieran las capillas, se promoverá también en ellos una sala para otras confesiones, aunque éstas sean minoritarias, y que puedan servir como oratorio. Se pretende potenciar los derechos de los evangélicos...Y, más allá del cristianismo, también de los judios, musulmanes y budistas.
La ley quiere blindarse ante cualquier conflicto que pudiera surgir con el Tribunal Constitucional o ante la posibilidad de que el Congreso de los Diputados creyera que este anteproyecto no se ajusta a a ley. Por ello, se incluirá en el articulado el derecho a la «objeción de conciencia», pero recogido exclusivamente en los términos que recoge la Constitución.
La idea del Gobierno es que esté presentada en el Congreso como muy tarde en abril, con el objetivo de potenciar lo que se califica como "símbolos civiles y comunes de carácter cívico", en la mayor parte de lugares públicos. Es decir, afianzar todos los símbolos propios del Estado, tales como la Constitución, la bandera, la imagen del Jefe del Estado, frente a los símbolos religiosos. Y que la sociedad pueda diferenciar claramente entre lo civil y lo religioso.