La información sobre los primeros de trabajos de extracción de restos humanos (verdaderas reliquias martiriales) que la Sociedad Científica Aranzadi está llevando a cabo en la Mina El Quijote situada en los límites entre las provincias de Ciudad Real y Toledo ha revolucionado la actualidad. En marzo de 2009 se realizaron los trabajos previos de extracción de toneladas de escombros arrojados a la boca de la mina para ocultar los crímenes, ahora se habla de recuperar los cadáveres de unas trescientas personas.
Manos piadosas habían escrito sobre una lápida de granito: «Aquí yacen cristianos que dieron sus vidas víctimas de la Guerra de 1936 a 1939». Pero la afirmación no es del todo exacta, porque los frentes de combate quedaban a muchos kilómetros del límite entre las provincias de Toledo y Ciudad Real. Aquéllas no eran las víctimas de una guerra. Fueron inmoladas en una de las más sangrientas persecuciones religiosas que recuerda la historia, persecución que se sitúa en el contexto de un proceso revolucionario iniciado años atrás y del que se había conocido un ensayo en la Revolución de Octubre de 1934 en la que no faltaron escenas similares a las que se repitieron a escala general entre 1936 y 1939.
La ocupación del poder por el Frente Popular a partir de febrero de 1936 (con la manipulación del resultado electoral para asegurarse la mayoría del Parlamento y el control sobre el Gobierno) hacía evidente que el proceso revolucionario llevaba camino de culminarse con éxito. Cuando el 17 de julio se inicia el Alzamiento Nacional (verdadero movimiento cívico-militar) para poner fin a esta situación, el Gobierno responde una vez más vulnerando la legalidad y entregando armas a las milicias de los partidos y organizaciones sindicales socialistas, anarquistas y comunistas. En los lugares donde no lograron imponerse los sublevados, la revolución iba a triunfar con todas sus consecuencias programadas de antemano, entre ellas, la eliminación de las personas consideradas hostiles.
El diputado comunista Antonio Mijé lo había anunciado con toda claridad en Badajoz el 18 de mayo después de que desfilaran por la calle de la ciudad miles de milicianos: «Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos, que son los hombres del futuro Ejército Rojo [...]. Este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de energía, es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas en los partidos marxistas, que se preparan para muy pronto terminar con esa gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora» [Claridad, Madrid, 19-mayo1936].
Había que acabar con esa gente. Y lo ocurrido en la mina de las Cabezuelas no es sino un caso entre muchos.
Aunque poco antes de terminar la Guerra se hicieron desaparecer todas las evidencias documentales que podían arrojar luz sobre lo ocurrido, en 1940 se comenzó la instrucción de la denominada Causa General que tenía por objeto fijar, mediante un proceso informativo encomendado al Ministerio Fiscal, el sentido, alcance y manifestaciones más expresivas de las actividades protagonizadas por los revolucionarios y del Gobierno que los respaldó durante la contienda civil. En este fondo documental encontramos datos para reconstruir la tragedia.
Así, la Alcaldía de Camuñas daba cuenta de la existencia de esta enorme fosa común:«En este término municipal existe una mina abandonada y a la misma han sido arrojados bastantes cadáveres no sólo de los pueblos colindantes sino -según rumor público- hasta de Madrid. Dicha mina está situada a un kilómetro de la margen derecha de la carretera de Madrid a Cádiz» [Archivo Histórico Nacional, Causa General, Leg.1048(1)].
El Alcalde de Herencia precisaba: «Al parecer, resulta de todo punto imposible hacer la exhumación de los cadáveres depositados en la citada “Mina de las Cabezuelas”; desconociendo el número de arrojados a la misma, aunque se supone que el número de ellos, excede de los dos mil y como es consiguiente, de varios pueblos de España, especialmente de esta región» [Archivo Histórico Nacional, Causa General, Leg.1029(1)].
Suponemos que la investigación que ahora se está realizando ayudará a fijar el número de víctimas que fueron arrojados a la mina pues los testimonios de que disponemos son bastante imprecisos. Se tiene constancia de que allí fueron a parar muchos de los asesinados en los pueblos del entorno tanto de Ciudad Real (Alcázar de San Juan, Herencia, Las Labores, Manzanares…) como de Toledo (Camuñas, Consuegra, Madridejos, Turleque, Villafranca de los Caballeros…) pero los testimonios recogidos coinciden en que también llegaron camiones con cadáveres procedentes de otros lugares. Como dato puede servir el siguiente: de los sesenta y ocho asesinados vecinos de la localidad de Herencia se estima que unos cuarenta fueron arrojados a la Mina. Estamos hablando de decenas de casos identificados, hombres y mujeres con nombres y apellidos, entre ellos varios sacerdotes. Únicamente de siete de ellos está abierto el proceso de beatificación.
Algunos de los sucesos más dramáticos pudieron recogerse de boca de los familiares y supervivientes: «Aurelio Rodríguez, un carretero a quien fueron a buscar a su casa y tirotearon en la cama. Su mujer Úbeda Bolaños se agarró a él siendo también herida. A ambos les metieron en un camión y les llevaron a la mina, donde les arrojaron juntos, ella estaba todavía viva. Al cura Tapia le llevaron a la sima. Él bendijo a quienes habían de ser sus verdugos. Después le arrojaron vivo. A Ismael Moreno que no podía levantarse de la cama le cosieron a balazos. Su mujer tuvo que apagar las ropas del lecho que ardían de los tiros. A mi tío Vicente que se subió al tejado porque le acosaban, le acribillaron a tiros y luego le echaron a la mina […] A Jesús Rodríguez y otro grupo les cogieron en sus casas; luego les llevaron a una cueva que había en un monasterio y allí les torturaron hasta hartarse. Después les llevaron a la mina y allí les arrojaron, a unos muertos y a otros vivos. A Victoriano Rodríguez le emparedaron, a Emilio García le mataron en plena calle; a Moisés Beteta le asesinaron en el camino delante de unos niños»
A mediados de septiembre con el pretexto de que un bombardeo nacional había incendiado los depósitos de CAMPSA en Alcázar de San Juan se sacó de la cárcel y de sus domicilios a numerosas personas; entre ellos al sacerdote Luis Castellano, se le llevó hasta la mina donde se negó a blasfemar y fue asesinado.
«Ese mismo día cayó en Alcázar un centenar de víctimas, fusiladas en su mayor parte en las tapias del cementerio y arrojadas otras al pozo de la mina de Camuñas» [Historia de la Cruzada, IV, p.546; en la Causa General son unos cincuenta los nombres de vecinos de Alcázar que aparecen como fusilados alrededor de esta fecha].
Desgraciadamente, la mina de Puerto Lápice no es la única de las fosas que la revolución dejó a su paso y que siguen intactas: por no hablar de las de Paracuellos del Jarama (Madrid) o de las de centenares de asesinados cuyos restos nunca pudieron ser identificados como ocurrió en las inmediaciones de Quinto, Codo y Belchite (Zaragoza) o en Teruel al ser ocupadas estas localidades por el Ejército Popular.
Sin salir de la provincia de Ciudad Real, otro escenario trágico fue la mina Jarosa, en término municipal de Alhambra y uno de los principales lugares de ejecución fue un pozo ubicado en el cementerio de Carrión de Calatrava. Según testimonios obrantes en la Causa General: «En esta población no se pudieron averiguar si se recogió algún cadáver por el motivo de no intervenir juzgado ni persona alguna únicamente se sabe que de noche traían a personas procedentes de la cárcel de Ciudad Real asesinándolos dentro del Cementerio de esta población y echándolos en una noria que existe dentro del cementerio calculándose que habrá en dicha noria más dos zanjas unos seiscientos cadáveres» y en 1943 el Alcalde informaba que no se habían podido llevar a cabo exhumaciones «dado su mal estado y su profundidad» [Archivo Histórico Nacional, Causa General, Leg.1027(2)].
La aparición de los restos humanos en la mina de las Cabezuelas (auténticas reliquias martiriales) marcará un hito histórico en la resistencia contra el proceso de manipulación de la historia reciente de España a que estamos siendo sometidos en virtud de la ideología de la llamada recuperación de la memoria histórica ratificada ahora con todo el aparato jurídico y con todo tipo de iniciativas pintorescas.
Más información sobre estos sucesos en:
Manos piadosas habían escrito sobre una lápida de granito: «Aquí yacen cristianos que dieron sus vidas víctimas de la Guerra de 1936 a 1939». Pero la afirmación no es del todo exacta, porque los frentes de combate quedaban a muchos kilómetros del límite entre las provincias de Toledo y Ciudad Real. Aquéllas no eran las víctimas de una guerra. Fueron inmoladas en una de las más sangrientas persecuciones religiosas que recuerda la historia, persecución que se sitúa en el contexto de un proceso revolucionario iniciado años atrás y del que se había conocido un ensayo en la Revolución de Octubre de 1934 en la que no faltaron escenas similares a las que se repitieron a escala general entre 1936 y 1939.
La ocupación del poder por el Frente Popular a partir de febrero de 1936 (con la manipulación del resultado electoral para asegurarse la mayoría del Parlamento y el control sobre el Gobierno) hacía evidente que el proceso revolucionario llevaba camino de culminarse con éxito. Cuando el 17 de julio se inicia el Alzamiento Nacional (verdadero movimiento cívico-militar) para poner fin a esta situación, el Gobierno responde una vez más vulnerando la legalidad y entregando armas a las milicias de los partidos y organizaciones sindicales socialistas, anarquistas y comunistas. En los lugares donde no lograron imponerse los sublevados, la revolución iba a triunfar con todas sus consecuencias programadas de antemano, entre ellas, la eliminación de las personas consideradas hostiles.
El diputado comunista Antonio Mijé lo había anunciado con toda claridad en Badajoz el 18 de mayo después de que desfilaran por la calle de la ciudad miles de milicianos: «Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos, que son los hombres del futuro Ejército Rojo [...]. Este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de energía, es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas en los partidos marxistas, que se preparan para muy pronto terminar con esa gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora» [Claridad, Madrid, 19-mayo1936].
Había que acabar con esa gente. Y lo ocurrido en la mina de las Cabezuelas no es sino un caso entre muchos.
Aunque poco antes de terminar la Guerra se hicieron desaparecer todas las evidencias documentales que podían arrojar luz sobre lo ocurrido, en 1940 se comenzó la instrucción de la denominada Causa General que tenía por objeto fijar, mediante un proceso informativo encomendado al Ministerio Fiscal, el sentido, alcance y manifestaciones más expresivas de las actividades protagonizadas por los revolucionarios y del Gobierno que los respaldó durante la contienda civil. En este fondo documental encontramos datos para reconstruir la tragedia.
Así, la Alcaldía de Camuñas daba cuenta de la existencia de esta enorme fosa común:«En este término municipal existe una mina abandonada y a la misma han sido arrojados bastantes cadáveres no sólo de los pueblos colindantes sino -según rumor público- hasta de Madrid. Dicha mina está situada a un kilómetro de la margen derecha de la carretera de Madrid a Cádiz» [Archivo Histórico Nacional, Causa General, Leg.1048(1)].
El Alcalde de Herencia precisaba: «Al parecer, resulta de todo punto imposible hacer la exhumación de los cadáveres depositados en la citada “Mina de las Cabezuelas”; desconociendo el número de arrojados a la misma, aunque se supone que el número de ellos, excede de los dos mil y como es consiguiente, de varios pueblos de España, especialmente de esta región» [Archivo Histórico Nacional, Causa General, Leg.1029(1)].
Suponemos que la investigación que ahora se está realizando ayudará a fijar el número de víctimas que fueron arrojados a la mina pues los testimonios de que disponemos son bastante imprecisos. Se tiene constancia de que allí fueron a parar muchos de los asesinados en los pueblos del entorno tanto de Ciudad Real (Alcázar de San Juan, Herencia, Las Labores, Manzanares…) como de Toledo (Camuñas, Consuegra, Madridejos, Turleque, Villafranca de los Caballeros…) pero los testimonios recogidos coinciden en que también llegaron camiones con cadáveres procedentes de otros lugares. Como dato puede servir el siguiente: de los sesenta y ocho asesinados vecinos de la localidad de Herencia se estima que unos cuarenta fueron arrojados a la Mina. Estamos hablando de decenas de casos identificados, hombres y mujeres con nombres y apellidos, entre ellos varios sacerdotes. Únicamente de siete de ellos está abierto el proceso de beatificación.
Algunos de los sucesos más dramáticos pudieron recogerse de boca de los familiares y supervivientes: «Aurelio Rodríguez, un carretero a quien fueron a buscar a su casa y tirotearon en la cama. Su mujer Úbeda Bolaños se agarró a él siendo también herida. A ambos les metieron en un camión y les llevaron a la mina, donde les arrojaron juntos, ella estaba todavía viva. Al cura Tapia le llevaron a la sima. Él bendijo a quienes habían de ser sus verdugos. Después le arrojaron vivo. A Ismael Moreno que no podía levantarse de la cama le cosieron a balazos. Su mujer tuvo que apagar las ropas del lecho que ardían de los tiros. A mi tío Vicente que se subió al tejado porque le acosaban, le acribillaron a tiros y luego le echaron a la mina […] A Jesús Rodríguez y otro grupo les cogieron en sus casas; luego les llevaron a una cueva que había en un monasterio y allí les torturaron hasta hartarse. Después les llevaron a la mina y allí les arrojaron, a unos muertos y a otros vivos. A Victoriano Rodríguez le emparedaron, a Emilio García le mataron en plena calle; a Moisés Beteta le asesinaron en el camino delante de unos niños»
A mediados de septiembre con el pretexto de que un bombardeo nacional había incendiado los depósitos de CAMPSA en Alcázar de San Juan se sacó de la cárcel y de sus domicilios a numerosas personas; entre ellos al sacerdote Luis Castellano, se le llevó hasta la mina donde se negó a blasfemar y fue asesinado.
«Ese mismo día cayó en Alcázar un centenar de víctimas, fusiladas en su mayor parte en las tapias del cementerio y arrojadas otras al pozo de la mina de Camuñas» [Historia de la Cruzada, IV, p.546; en la Causa General son unos cincuenta los nombres de vecinos de Alcázar que aparecen como fusilados alrededor de esta fecha].
Desgraciadamente, la mina de Puerto Lápice no es la única de las fosas que la revolución dejó a su paso y que siguen intactas: por no hablar de las de Paracuellos del Jarama (Madrid) o de las de centenares de asesinados cuyos restos nunca pudieron ser identificados como ocurrió en las inmediaciones de Quinto, Codo y Belchite (Zaragoza) o en Teruel al ser ocupadas estas localidades por el Ejército Popular.
Sin salir de la provincia de Ciudad Real, otro escenario trágico fue la mina Jarosa, en término municipal de Alhambra y uno de los principales lugares de ejecución fue un pozo ubicado en el cementerio de Carrión de Calatrava. Según testimonios obrantes en la Causa General: «En esta población no se pudieron averiguar si se recogió algún cadáver por el motivo de no intervenir juzgado ni persona alguna únicamente se sabe que de noche traían a personas procedentes de la cárcel de Ciudad Real asesinándolos dentro del Cementerio de esta población y echándolos en una noria que existe dentro del cementerio calculándose que habrá en dicha noria más dos zanjas unos seiscientos cadáveres» y en 1943 el Alcalde informaba que no se habían podido llevar a cabo exhumaciones «dado su mal estado y su profundidad» [Archivo Histórico Nacional, Causa General, Leg.1027(2)].
La aparición de los restos humanos en la mina de las Cabezuelas (auténticas reliquias martiriales) marcará un hito histórico en la resistencia contra el proceso de manipulación de la historia reciente de España a que estamos siendo sometidos en virtud de la ideología de la llamada recuperación de la memoria histórica ratificada ahora con todo el aparato jurídico y con todo tipo de iniciativas pintorescas.
En principio, porque estamos ante el primer caso que ha adquirido notoriedad pero es de esperar que sigan otros muchos en la medida que haya personas e instituciones dispuestas a respaldar los enormes gastos que suponen estas iniciativas dirigidas a recuperar los cuerpos de las víctimas del terror rojo para las que hay escaso lugar en los proyectos fomentados por la administración.
En segundo lugar porque estos hechos serán analizados, explicados y asumidos a partir de la aplicación de los métodos propios de la investigación histórica, única forma posible de alcanzar un conocimiento científico del pasado. No sería deseable que nadie caiga en la trampa de interpretarlos como una especie de “memoria histórica al revés”.
Y, por último, porque nos permiten situar en su verdadera perspectiva la exigencia de responsabilidades penales que ocurrió con posterioridad. Más de uno de los verdugos de las Cabezuelas fueron ejecutados después de ser sometidos a Consejos de Guerra en los que quedó sobradamente acreditada su culpabilidad. Sus nombres (¿luchadores por la democracia y la libertad?) figuran en las listas de presuntas “víctimas de la represión franquista” que nos presentan los voceros de la memoria histórica
En segundo lugar porque estos hechos serán analizados, explicados y asumidos a partir de la aplicación de los métodos propios de la investigación histórica, única forma posible de alcanzar un conocimiento científico del pasado. No sería deseable que nadie caiga en la trampa de interpretarlos como una especie de “memoria histórica al revés”.
Y, por último, porque nos permiten situar en su verdadera perspectiva la exigencia de responsabilidades penales que ocurrió con posterioridad. Más de uno de los verdugos de las Cabezuelas fueron ejecutados después de ser sometidos a Consejos de Guerra en los que quedó sobradamente acreditada su culpabilidad. Sus nombres (¿luchadores por la democracia y la libertad?) figuran en las listas de presuntas “víctimas de la represión franquista” que nos presentan los voceros de la memoria histórica
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