Más de 140 asociaciones educativas, científicas y de padres han presentado hoy de manera simultánea en 10 ciudades españolas un Manifiesto por la Libertad de  Educación, con el que se se pretende evitar el nuevo «caballo de Troya para el adoctrinamiento moral de los alumnos» (como ha afirmado Juan Carlos Corvera, de la fundación Educatio Servanda) que suponen las orientaciones «supuestamente» educativas contenidas en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva que se encuentra en plena tramitación parlamentaria.

Como ha recordado Marisa Pérez Toribio, presidenta de la Federación España Educa en Libertad, el tercer capítulo del primer título de la citada ley, se prevén medidas en el ámbito educativo para la formación sexual y reproductiva mediante agentes sanitarios autorizados por las Administraciones (y, por tanto, ajenos a los centros educativos. a sus claustros y a los padres) a todos los alumnos desde la Educación Primaria. Medidas, que, en palabras de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, no están plenamente explicitadas con el «interés de no introducir polémica antes de que la estrategia se complete».

La respuesta de Pérez Toribio y los firmantes del Manifiesto no puede ser más contundente: «Si intentan imponer estas enseñanzas, el Ministerio se va a encontrar la polémica que pretende evitar». Habrá de nuevo, como en el caso de Educación para la Ciudadanía, número y bronca en defensa de la libertad de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, como recoge la Constitución Española porque, han subrayado, «el Estado no pude decidir la educación sexual de nuestros hijos».

Los firmantes del manifiesto tienen muy claro que «la educación sexual no es neutra», pero sostienen que «no es aceptable» que se obligue a una determinada orientación desde las Administraciones. Porque de eso se trata. De una «imposición de una visión determinada, y por tanto parcial, bajo un patrón que no compartimos y que no deseamos para nuestros hijos», como ha señalado Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética (PPE).


«Sea cual sea el perfil del Gobierno de turno, esta deriva es inaceptable», por ir en contra «de los derechos fundamentales, de los derechos de los padres y de los derechos de los hijos a recibir la educación que decidan sus padres», ha subrayado  Fernández de Alarcón, quien alabó la acción de los padres que se han movilizado ante Educación para la Ciudadanía y contra «las consecuencias catastróficas del pensamiento único». «La libertad no es negociable», ha concluido el secretario general de PPE. 

El Manifiesto, al que se podrán seguir sumando apoyos a través de la página web de la Federación España Educa en Libertad, consta de cinco consideraciones sobre los contenidos relativos al ámbito educativo de la Ley del Aborto y otras tantas peticiones a diversos ámbitos sociales para que muestren su rechazo.


A juicio de los firmantes, la «incorporación de la formación en salud sexual y reproducitva al sistema educativo» y las «actividades formativas» señaladas en los artículos 9 y 10 de la Ley, constituyen «un paso más del proyecto ideológico y cultural de transformación de la sociedad que lleva a cabo el Gobierno, iniciado, entre otras muchas disposiciones, por la configuración reglamentaria de las asignaturas de Educación para la Ciuadanía».

Del mismo modo, consideran que se trata de establecer «un explícito propósito de extender la "perspectiva de género" dentro del ámbito escolar, lo cual constituye un evidente intento de adoctrinamiento que vulnera la neutralidad ideológica que ha de presidir el sistema educativo y las recomendaciones que, en este sentido, ha realizado el Tribunal supremo en las sentencias de 11 de febrero 2009 sobre objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía, al tratarse de una cuestión sobre la que no existe un "generalizado consenso moral"».

El Manifiesto destaca que son los padres  quienes tienen «el derecho  y el deber de decidir el tipo de formación y la orientación que desean para la educaicón de sushijos», más aún en un asunto como la formación sexual, que «conlleva una dimensión moral indiscutible». Además, fuera de consideraciones morales, los firmantes aseguran que «no se encuentran motivos curriculares suficientes que justifiquen» la media prevista en la ley, ya que la formación básica sobre estas materias ya se encuentra recogida en losplanes de estudio actuales.

Con todo, tal vez lo más grave sea que está previsto que este tipo de formación sea impartida «por profesionales sanitarios externos al profesorado de los centros e impuestos por las Administraciones, lo que conjstituye una clara intromisión en el caso de los centros con ideario propio».


El Manifiesto concluye pidiendo a las administraciones educativas «la retirada de los aspectos llamados educativos que contiene esta ley, en cumplimiento del deber de neutralidad ideológica y respeto al derecho de los padres».

A los centros educativos con ideario propio, que de forma mayoritaria son los que están regidos por las órdenes religiosas católicas dedicadas a la enseñanza, «la oposición efectiva a este nuevo intento de adoctrinamiento». Y lanzan un aviso, sin citar, a los miembros de la FERE, cuya postura respecto a EpC no responde a las expectativas de los padres en su gran mayoría: «si los centros concertados acceden a impartir esta llamada educación sexual y reproductiva, incumplen el compromiso adquirido con los padres de formar a sus hijos según su ideario propio».

A los centros de la red pública, les piden «el cumplimiento escrupuloso de la neutralidad ideológica que les impone la ley», debiendo «respetar, en todo caso, los derechos de los padres a que sus hijos reciban la formación moral que estimen más conveniente y a que no reciban la que contradice sus personales convicciones».

Y a los profesionales sanitarios y a los padres, «su rechazo explícito y activo a esta nueva intromisión del Estado en el ámbito de las libertades individuales». Porque, señalan, «si finalmente se introducen tales enseñanzas en el currículum, actuaremos empleando todos los medios legítimos a nuestro alcance para defender los derechos y libertades que nos asisten por el hecho de ser padres, sin excluir el recurso a las acciones legales oportunas y a la objeción de conciencia».