Según publica hispanidad, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no estuvo especialmente cómoda a la hora de contestar la pregunta sobre la campaña puesta en marcha hoy por Religión en Libertad para que los ciudadanos firmen una petición al Rey para que no sancione la nueva ley del aborto.
Fernández de la Vega, se limitó a «respetar todas las posiciones» y a recordar genéricamente que la Constitución estipula las funciones del Rey y los efectos de su sanción real a las leyes. Efectivamente, como se argumenta en www.majestadnofirme.com, «dejando al margen cuestiones sobre las que no hay unanimidad de interpretación entre los constitucionalistas, sí existe un acuerdo sin excepción sobre la imprescindible rúbrica real para que una ley entre en vigor (art. 62.a y 91 de la CE). Por lo tanto, si una ley no ha sido firmada por el Rey, las firmas refrendatarias del Presidente del Gobierno o el Ministro de turno no tienen ninguna validez por sí mismas, por lo que esa ley no puede entrar en vigor en ningún caso».