La redacción final del Proyecto, según ha informado este partido, incorporará, tal y como había considerado «imprescindible», la obligatoriedad de informar de la intervención al menos a uno de los padres, tutores legales o, en su caso, los ostentadores de la patria potestad de las embarazadas de 16 y 17 años.
 
Igualmente, se ha acordado un supuesto de excepción para aquellas menores que puedan alegar fundadamente que dicha comunicación pueda suponerles un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.
 
En cuanto a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, el PSOE y el PNV han acordado que este derecho no podrá suponer «un menoscabo del acceso y la calidad asistencial de la práctica del aborto», informa Efe.
 
En tercer lugar, el grupo parlamentario vasco ha asegurado que se variará la redacción de varios artículos para que se respeten las competencias sanitarias transferidas a las Comunidades Autónomas.
 
La formación en salud sexual y reproductiva en el sistema educativo incluirá la formación en valores, con una visión de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres, ha asegurado el PNV.
 
IU y ERC han mostrado su desacuerdo sobre el pacto alcanzado entre el PNV y el PSOE para incluir la obligatoriedad de que las menores informen a sus padres antes de abortar. Poco antes de comenzar la Comisión de Igualdad sobre el proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del embarazo, los diputados de IU y ERC, Gaspar Llamazares y Joan Tardá, respectivamente, han mostrado su desacuerdo con esta obligatoriedad para las menores que deciden abortar.
 
Llamazares ha afirmado que a su grupo parlamentario le gustaría que fuera «optativo» que la menor informara a sus padres en función de su relación con uno o los dos padres. «Nuestros principios son que la menor decide, igual que la mujer de 25 años», aunque Llamazares ha explicado que IU no se opone a que haya información a uno de los padres, siempre que prevalezca el derecho de decisión de la menor. Sin embargo, «si hay mecanismos que establezcan una presión intolerable tendríamos nuestras reservas», ha añadido.
 
Por su parte, Joan Tardá ha indicado que su formación ha dejado «claro» que «la primera y la última palabra la tiene la ciudadana» a la hora de decidir si desea someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. Tardá se ha mostrado dispuesto a suscribir el acuerdo entre socialistas y el grupo vasco en el caso de que la joven «siempre» pueda alegar que «comunicar su decisión a los padres puede ser motivo de conflicto». En cualquier caso, ERC insistirá en que «la primera y la última palabra» la tiene la mujer que decide abortar.