«El rey Juan Carlos– señala José Luis Orella, director del diario Ya–, como representante de la sociedad española no puede respaldar con su firma una ley, que por muy respaldada esté en el parlamento, significa la abolición del derecho a vivir de los más indefensos. El monarca debe seguir el ejemplo del rey Balduino de Bélgica, del duque Enrique de Luxemburgo o del Presidente Vázquez de Uruguay que han ejercido su responsabilidad como jefes de Estado para evitar la aprobación de una ley que afrenta a un principio fundamental como es el de la vida. La Segunda Guerra Mundial enseñó a millones de personas que la obediencia o el resultado de una mayoría no eran argumento suficiente para arropar una medida que eliminase un derecho fundamental como son la vida y la libertad».
El director del semanario Alba, Gonzalo Altozano, subraya que «cuando la ley de matrimonios homosexuales, le preguntaron a Juan Carlos si la firmaría. Él respondió: "Yo no soy el rey de Bélgica". Y tenía razón: Juan Carlos no es Balduino. Es, simplemente, Juan Carlos. No cabe esperar de él heroicidad alguna. Ya no».
Francisco José Fernández de la Cigoña, el bloggero católico de mayor influencia en España manifiesta que «si un político católico no puede votar una ley abortista un rey católico no podría promulgarla con su firma. Pero ya firmó la anterior sin que le temblara el pulso. Por lo que ante ésta, aunque no debiera, estoy convencido de que la firmará. Balduinos hay pocos y a nosotros no nos ha tocado uno. La madre tiene sobre su conciencia uno o dos abortos, el médico unos miles, los que hacen posible la ley van a tener millones de niños a los que se les mató en el seno materno».
Para José Javier Esparza, director de Cope.es y del programa radiofónico «La estrella polar», «el Rey no debería firmar esta ley. Al margen de razones morales, hay razones políticas y legales muy de fondo: si el Rey firma esto, se pondrá en una situación complicada. Es verdad que la figura del Rey, tal y como la dibuja nuestra Constitución, se parece bastante a lo que podríamos llamar Augusto Cero. Incluso la responsabilidad de sus actos queda limitada y sujeta al refrendo del poder político. Al Rey corresponde sancionar las leyes, no hacerlas ni juzgarlas. Ahora bien, al Rey corresponde también "guardar y hacer guardar la Constitución" y "respetar los derechos de los ciudadanos". Y resulta que, en el caso de la Ley Zapatero del Aborto, estamos ante una ley de constitucionalidad más que dudosa, después de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que reconocía al nasciturus como un bien jurídico. Porque aquella sentencia, en efecto, venía a proscribir constitucionalmente el aborto libre. Si ahora el Rey firma una ley sustancialmente contraria a la doctrina constitucional, estará cumpliendo con su obligación de sancionar las leyes, pero al mismo tiempo estará faltando a su obligación de hacer guardar la Constitución. Así de dramática es la situación en la que le ha puesto esta descabellada ley de Zapatero».
Manuel Milián Mestre, empresario y político, diputado en el Congreso de los Diputados por el PP, le parece que «es incomprensible desde el punto de vista ético que un gobierno pueda establecer por ley que el aborto sea un derecho, cuando por lo común resulta más bien un asesinato, salvo en contadísimas circunstancias. Como creyente y como ciudadano de este país no me parece procedente que el Rey sancione con su firma dicha ley. Si lo hace, por mi parte dejaré de ser monárquico con todas sus consecuencias, rompiendo una tradición familiar de muchas generaciones. Ni el rey, ni el Gobierno, ni las Cortes Españolas pueden transgredir los principios de la Ética fundamental, digan lo que digan los inspiradores no electos de esta lamentable filosofía contra el derecho a la vida. Sencillamente estaremos ante una ley legal pero injusta, alejada de un principio elemental de legitimidad».
Paco Segarra, presidente de la Fundación Kolbe de Publicitarios Católicos: «El Rey, como católico, porque el Rey es católico -que yo sepa aún no ha apostatado-, NO debería firmar esa ley inicua. Naturalmente, para tomar tal decisión debería ser un rey santo, como San Luis o San Fernando. Pero la santidad no es exigible a ningún ser humano: es un don».
«El Rey–continua Segarra–, pues, firmará la Ley del Aborto y él mismo, o el Gobierno, o los medios afines al Gobierno e incluso los otros, lo justificarán apelando a la laicidad del Estado, a la preservación de la monarquía, a la convivencia pacífica entre los españoles,... Sin querer entender que la Corona, el Estado, el Gobierno y España entera se desharán más pronto que tarde en un baño de sangre inocente. Queda profetizado».
Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, da diversos argumentos:
«No debería firmarla por los siguientes motivos:
- Porque el aborto es la mayor iniquidad, y ratificar la Ley supondría convertirse en colaborador necesario.
- Porque no puede escudarse en obligación alguna derivada de su cargo, ya que nadie está obligado nunca a colaborar con un crimen.
- Porque el no firmarla, y arriesgarse a las consecuencias de su negativa, sería el ejemplo más edificante que se puede dar a una sociedad relativista y materialista.
- Porque el firmarla es contradecir el principio monárquico, que es la autoridad, y pierde toda autoridad aquel que la ejerce contra el bien común.
- Porque no cabe alegar la posible fractura institucional que supondría firmarla, ya que el no firmarla creará algo más grave: la fractura social y la pérdida de la mayor parte del apoyo popular que sustenta a la monarquía , y que es contrario a la Ley».
Para el director de Arbil, Manuel Morillo, «el Rey de España ,si encarnara la representación simbólica e histórica de España, no debiera firmar esta ley (ni todas las otras que ha firmado contribuyendo a destruir el Bien Común), como tampoco debió firmar la 5/1985, que ha matado varios millones de españoles, y tan asesina como ésta. Pero como la realidad es que Juan Carlos de Borbón es el remate del Sistema relativista al que estamos sometidos, del que él es impulsor y cabeza, y como resultado de cumplir sus leyes y la filosofía que lo informa, el rey tiene que firmarla para ser consecuente con el mismo. De nuevo en este caso se aplica aquello de que no se puede poner ´tronos a las premisas y cadalsos a las consecuencias`. Quién apoya el sistema es hipócrita si se escandaliza cuando se cumple».
«Desde mi punto de vista – dice Jesús Poveda, fundador del Grupo Pro-Vida en España– al tratarse de una Ley que legitima algo tan contrario al Derecho Natural y a la visión cristiana, el Rey no debería de firmarla. El caso del Rey Balduino que abdicó para no firmar puede ser un buen ejemplo de cómo sin dejar de ser Rey de todos los Españoles se puede ser consecuente y congruente con La Fe que se profesa. Como muy bien decía Santo Tomas Moro, muero siendo servidor de mi Rey y obediente a mi Dios».
El político catalán Josep Miró i Àrdevol, presidente de E-Cristians, manifiesta que «el rey se enfrenta a dos exigencias, una derivada del carácter de monarquía constitucional y las consecuencias inherente a las obligaciones que tal hecho determina como es el de dar la conformidad final a las leyes aprobadas por el Parlamento. La Constitución española no le concede como Jefe de Estado ningún poder de veto. La otra de conciencia. ¿En conciencia un católico puede aprobar una ley como la del aborto? La referencia reciente a un Kennedy, o la más antigua al Rey Balduino es obligada».
Para José Joaquín Iriarte, periodista y ex-director de Mundo Cristiano, la respuesta es directa: «Lo tengo muy claro. El Rey no debe firmar la nueva ley del aborto. Como es más que probable que esté en desacuerdo con su contenido, habría que buscar alguna fórmula que le permita obrar en conciencia. No debe sancionarla porque convierte un delito en un derecho y contradice la clara y rotunda afirmación constitucional de que "todos tienen derecho a la vida" (artículo 15). La persona del Rey "no está sujeta a responsabilidad", afirma la Constitución en su artículo 56,3. Es irresponsable penalmente, pero no moralmente. En caso contrario, su función sería la de una especie de tampón de funcionario. No debe firmar la ley en trámite parlamentario porque es una afrenta para gran parte de la ciudadanía. Y al Rey le corresponde el papel de árbitro y moderador .Únicamente razones de convivencia le eximirían de responsabilidad, pero este supuesto es hartamente improbable. Poniéndonos en lo peor, su negativa a la firma podría costarle la pérdida del trono o la abdicación. Los finos juristas que tenemos sabrían neutralizar esos riegos. A veces, sin embargo, en la vida hay que elegir entre una Misa o París».
«El Rey belga no rompió el orden constitucional –dice Eulogio López, director de Hispanidad.com– pero buscó la fórmula, no para evitar la promulgación de la ley, que es tarea propia de gobiernos y parlamentos, sino para dar testimonio de coherencia, lo que está en las manos de cualquier amante de la ley natural, es decir del sentido común, sea católico o no. Hay ocasiones en que a un hombre público, por ejemplo a un monarca, es difícil pedirle heroísmo, si ello conlleva otros males, como, por ejemplo, un enfrentamiento civil. Pero lo que siempre es exigible, no ya a un cristiano sino a un hombre de bien, es que no sanciones una ley homicida. Es decir, que no calle ni debajo del agua. Luego está la otra opción, la más coherente: la de negarse sancionar la ley a pesar de los pesares. Sin duda, es la más cristiana pues ´qué importa ganar el mundo si pierdes tu alma´. Para terminar: impugno un aspecto de la pregunta: Por mucho que repitamos que la diferencia sustancial de la ley Aído con la Ley Ledesma de 1985, consiste en que el texto de 2009 considera el aborto como un derecho. Que no, que, como ocurre con el homomonio, esta no es una cuestión terminológica. Despenalizar es legalizar, legalizar es promocionar».