Los tres días del XI Congreso Católicos y Vida Pública, celebrados bajo el lema La política, al servicio del bien común, finalizaron con una conferencia del presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfredo Dagnino.
En consonancia con la denuncia de la corrupción incluida en el manifiesto final, Dagnino habló de la necesidad de una «regeneración» imprescindible para España, aquejada por una «crisis social, política, de la identidad nacional y de las instituciones». Como parte esencial de esa crisis señaló la existencia de un programa de «metamorfosis cultural» que se ha puesto en marcha y tiene como exponentes más evidentes la Educación para la Ciudadanía, la ideología de género o la ley del aborto libre.
Además de considerar ese programa «profundamente anticristiano», el conferenciante lo atribuyó a un «laicismo ideológico impropio de un Estado democrático y libre».
Todo lo contrario de lo que pretenden estos Congresos, pues en opinión de Dagnino la «regeneración» antes citada sólo puede venir de la participación del reconocimiento a los cristianos en la vida pública, sin que nadie «puesa sentirse amenazado por ello». Se trata de proyectar «una sociedad distinta» en donde la que realmente tenga proyección sea «la gente normal».
Estas palabras van en la misma línea de las conclusiones del Congreso, propuestas en forma de un manifiesto particularmente duro con la ola de corrupción que sacude actualmente a España. Pero el texto no es autocomplaciente, ni victimista respecto a la clase política, al considerar que «los graves y frecuentes casos de corrupción en la actividad política, o en ámbitos vinculados con ésta», ponen de relieve a la vez «la pasividad política y la anemia moral de esta misma sociedad» que se escandaliza.
El manifiesto también denuncia la preocupante situación de algunas libertades en nuestro país: «En Estados que se dicen democráticos, y de manera muy clara en España, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la ideológica, la educativa son objeto de preocupantes restricciones, cuando no de grave vulneración, por la ofensiva laicista que intenta imponer como ética pública una particular opción que se quiere hacer pasar por común, simplemente por el hecho de que aparece desvinculada de toda referencia religiosa».
Por eso el Congreso reclama como «imperiosamente necesaria la presencia de los católicos en el ámbito de la Política en su más estricto sentido, entendida como actividad específica, orgánica e institucionalmente consistente en la ordenación del todo social a la consecución del bien común, mediante los diversos modos de ejercicio del Poder».