Ya son 125 las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha reconocido expresamente el derecho a objetar a las asignaturas de EpC a los padres de 208 alumnos. A pesar de estos datos, el Gobierno regional ignora el contenido de dichas sentencias que dicen, de forma rotunda, que estas asignaturas suponen un «riesgo exorbitante que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar se cristalice, de invasión, injerencia o inmisión en la esfera de privacidad que el artículo 27.3 CE les reserva en cuanto a la formación religiosa y moral de sus hijos».
Las propias sentencias ponen de manifiesto la dejación de funciones de la Junta, que podía haber evitado a las familias acudir a los Tribunales, puesto que, según el TSJCyL, en el uso de sus competencias «las autoridades educativas autonómicas podrían haber entendido existentes los derechos reclamados, y en consecuencia hacer efectivo su respeto».
Tal como ha manifestado Inmaculada López, en representación de los padres objetores, «lo más escandaloso es que siguen defendiendo la EpC del Gobierno nacional. Incluso una vez que el Tribunal se ha pronunciado con esta claridad, la Consejería sigue despreciando a las familias al negarse a extender el fallo de las sentencias al resto de los alumnos objetores, los que aún esperan su sentencia, los que no han podido aún acudir al Tribunal a defender su derecho puesto que la Junta de CyL les ha impedido hacerlo al no contestar siquiera a sus escritos de objeción de conciencia, y los que quieran, a partir de ahora, acogerse al derecho a la objeción de conciencia».
Por otra parte, López ha asegurado que «los responsables de la Junta no pueden seguir engañando a la opinión pública con falsos recortes de contenidos polémicos, cuando el Tribunal castellanoleonés ha afirmado que la EpC de Castilla y León es absolutamente coincidente con los del Gobierno central. Por tanto, estas asignaturas son iguales de adoctrinadoras en Castilla y León que en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE».
Ante la «pasividad» de los señores Mateos y Sánchez Pascuala (consejero y viceconsejero de Educación respectivamente), los padres objetores de Castilla y León han reclamado al Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que dirija personalmente este asunto, cese a los responsables de la Consejería de Educación y reciba a los padres para escuchar sus demandas y resolver esta lamentable situación.
«El Gobierno regional no puede permanecer callado ante más de cien sentencias, y las que aún faltan, como si no pasara nada», ha añadido Inmaculada López «Estamos hablando de unas sentencias que afirman que EpC vulnera derechos fundamentales al imponer una moral de estado obligatoria. El empecinamiento en sacar adelante estas asignaturas se entiende en aquellos que defienden esa imposición moral; si la actitud de la Junta no cambia y Herrera no rectifica inmediatamente, tendremos que entender que tanto los responsables de la Consejería como el propio Presidente defienden EpC tal como está diseñada. Si es así, significa que el Gobierno de Castilla y León pretende, al igual que el Gobierno de la nación, arrebatar a los padres la formación moral de sus hijos para arrogarse ellos ese derecho».