(ReL) El titular del juzgado número 47 de Madrid, José Sierra, ha admitido al partido Alternativa Española como acusación particular en la recta final de la investigación a la clínica madrileña Isadora, que se dedica a interrupciones del embarazo. El juez ha pedido a la formación política un aval de 2.000 euros para que se pueda personar en la causa, que se encuentra en la última fase de la investigación. La decisión del juez puede demorar el juicio y veredicto del caso. La portavoz de Isadora, Empar Pineda, ha señalado que el principal temor de la clínica abortista es que, a partir de ahora, Alternativa Española tenga acceso a los datos de las mujeres que abortaron en el centro. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha pedido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que "se implique en el caso de la investigación judicial de la Clínica Isadora". ACAI considera también que "con esta actitud se están dando alas a grupos extremistas que constituyen una amenaza real", por lo que pide "la implicación de un Gobierno que permanece callado ante este grave atentado contra los derechos de las mujeres". "No resulta concebible que un Ejecutivo que prometió salvaguardar y garantizar la intimidad y la seguridad jurídica de las mujeres que recurren al aborto y de los profesionales que lo posibilitan, permanezca callado ante estos hechos que buscan a golpe de mandato judicial la conculcación de derechos legítimos, otorgados democráticamente", finalizó la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por suparte, el responsable jurídico de AES, Carlos Martínez-Cava, ha asegurado “que algunos medios de izquierda están intentando desviar la atención sobre el caso Isadora cuando lo importante es verificar si en esta clínica se cumplía o no la ley, y se cometían o no irregularidades”.