El Código de Derecho Canónico, en su número 1398, afirma: «Quien procura el aborto, si se consuma, incurre en excomunión latae sententiae» (automática, sin necesidad de sentencia). La asociación católica Vida Humana Internacional, presidida por el padre Thomas Euteneuer, explica que la expresión «procura» es muy amplia: incluye a todo el que trabaje para matar al feto de cualquier forma, incluyendo el novio que lleva en coche a la mujer a la clínica, el que paga el aborto, la enfermera...
El caso de los políticos es especial y complejo. Un documento de 2002 del entonces cardenal Ratzinger, como Prefecto de la Doctrina de la Fe, insiste en que los legisladores, como todos los católicos, «tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana», y especifica más: «No pueden participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto». La única excepción sería que apoyasen una ley mala como única forma de evitar otra peor de inminente o casi segura aprobación, que no es el caso de España. Más aún: en el 2004 el cardenal Ratzinger insistió en el tema con otro documento aún más claro. El texto dice que a «un político católico» cuya «cooperación formal se hace manifiesta», mediante «campaña consistente y voto por leyes permisivas de aborto y eutanasia» no se le puede dejar comulgar «hasta que acabe con su situación objetiva de pecado».
No es lo mismo excomulgar que «negar la comunión». La excomunión impide acceder a todos los sacramentos: ni bautizos ni extrema unción ni matrimonio católico... y sólo puede levantarla un obispo. «Negar la comunión» se da cuando un personaje en situación pública de pecado pretende comulgar en misa. El sacerdote puede negarle la comunión y un obispo puede pedir a sus sacerdotes que se la nieguen.
Preguntado al respecto el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, explicó en mayo que: «La eliminación de seres humanos inocentes es incompatible con la conciencia cristiana. Quien hace eso, ya no está en comunión con la Iglesia. Ahora bien, en la práctica concreta de los sacramentos, la medida a tomar no se puede generalizar. Depende de cada caso. Es el obispo y el párroco quien conoce el estado real de la conciencia del feligrés».
Para Martínez Camino, un político católico no está necesariamente obligado a votar contra una ley injusta, podría ser suficiente con su abstención, «si el político en cuestión ha declarado públicamente que estaba en contra de esa ley. De hecho, ha habido varios casos así en la política española». Pero cuando preguntamos al obispo José Ignacio Munilla, de Palencia, unos días después de la manifestación del 17 de octubre, se muestra más exigente. Para él, no bastaría con que los diputados católicos socialistas se ausentasen en la votación. «No estamos para gestos menores. Cristiana socialista coherente fue la senadora de Barcelona, Mercedes Aroz, que dejó el partido», afirmó.
También el arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, dice que «si un diputado o senador católico me preguntase sobre esta ley, le diría que no la vote. Incluso pediría que vote en contra. A los personas que se consideran cristianas y socialistas, les pediría que hagan presión para que esta ley no salga».
El Gobierno socialista justifica que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno porque «en algunos casos su obtención puede ser problemática por especiales circunstancias», como son los casos de «menores que viven de forma independiente, casadas o con problemas familiares y sociales, como haber sufrido abusos o problemas culturales y religiosos». El Ejecutivo socialista responde así, en un documento al que ha tenido acceso Europa Press, al diputado de UPN Carlos Salvador, quien dirigió un batería de preguntas por escrito al Gobierno ante la nueva Ley del Aborto. En el texto, el Ejecutivo recuerda que una menor «puede ser donante, operarse una apendicitis o someterse a cualquier clase de cirugía plástica» sin el visto bueno de sus padres, pero no puede llevar a cabo un aborto, hecho que a su juicio «no es coherente».