Dicha resolución del Tribunal Supremo, también abre la puerta a la reelección de 109 alcaldes en 2011, con lo que, según muchos analistas de lo que sucede en el cinturón bolivariano, encabezado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, Nicaragua se sitúa en la misma línea de acción de otros países como el propio Venezuela, Ecuador, Bolivia y, desde luego, Cuba.
En contraposición a la resolución del Supremo nicaragüense, el obispo de Estelí y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Juan Abelardo Mata, tuvo duras expresiones y desalentado comentó que «la triste realidad es que para los gobernantes, la Constitución es papel higiénico».
En opinión del obispo de Estelí, «si Ortega sale reelegido, la dictadura se instalará y habrá un pasar de cuentas y cortar cabezas a todo el que se oponga a sus intereses». Sin embargo, monseñor Mata se mostró optimista pues dijo que «jurídicamente el presidente Ortega no ha logrado nada porque lo que hacen está viciado».
La tensión en Nicaragua ha ido en aumento desde que el pasado lunes, seis de los dieciséis magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobaron un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Ortega el 15 de octubre sobre un artículo incluido en la Carta Magna de 1995 que impedía la reelección presidencial consecutiva.
El régimen de Ortega Saavedra -con la resolución de la CSJ- podría perpetuarse en el tiempo, aunque el propio presidente de Nicaragua ha dicho que en las próximas elecciones no es él sino «el pueblo el que va a decidir». La Sala constitucional de la CSJ declaró a media noche del lunes «inaplicable» el artículo 147 de la Constitución de Nicaragua, que impedía la reelección presidencial continua y limitaba a dos los mandatos presidenciales.
El fallo fue dictado sin la mitad de los magistrados titulares de la sala, los no afines al gobierno de Ortega, quien intentaba reelegirse con una reforma Constitucional, pero como no lograba obtener los 56 votos requeridos en el legislativo de 92 miembros, recurrió a la vía judicial donde los magistrados sandinistas forman mayoría.
Por lo demás, políticos y empresarios de oposición a Ortega anunciaron el día de ayer la activación de «una armadura jurídica, legislativa, económica y social» para lograr la anulación de la sentencia del CSJ que, según el presidente Daniel Ortega, «ya está grabada en piedra».