Este fin de semana, en declaraciones realizadas a la Cadena COPE, Esperanza Aguirre ha acusado al Gobierno de pretender reeducar a la sociedad en todos estos aspectos, y que para eso ha hecho la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC); en este sentido, Aguirre  ha querido tranquilizar a los padres de la Comunidad de Madrid porque la asignatura ofrece sólo los contenidos que están recogidos en la Constitución.   

En respuesta a esas declaraciones, Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid indicándole que «el conjunto de asignaturas de Educación para la Ciudadanía adoctrina en esta región al igual que en el resto de España». Estos son los datos:
 
La página web de recursos educativos de la Comunidad de Madrid recomienda el famoso multimedia Sexpresan a niños de Primaria. Entre otras actividades, Sexpresan explica a los alumnos (con dibujos) cómo ponerse un preservativo.
 
La Fundación laicista CIVES, presidida por el socialista Mayoral, recoge en su Memoria de Actividades de 2008 que tiene suscrito un convenio con la Comunidad de Madrid para formar profesores de EpC.
 
El desarrollo curricular de las asignaturas de EpC (incluyendo Educación Ético-Cívica) en la Comunidad de Madrid recoge plenamente lo que establece la legislación estatal y las enseñanzas mínimas establecidas por el Ministerio de Educación, como confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado mes de agosto.
 
La Comunidad de Madrid no ha distribuido ninguna comunicación a los inspectores de Educación (como ha hecho, por ejemplo, Andalucía) informándoles del criterio del Tribunal Supremo, que ha establecido claramente que la educación estatal no puede tomar posturas sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española ni erigirse en árbitro de las cuestiones morales controvertidas.
 
«Por todo ello», explica Fernández de Alarcón, «solicitamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que evite eficazmente y no de palabra el adoctrinamiento escolar en su jurisdicción». Fuentes de Profesionales por la Ética recuerdan que la presidenta no ha atendido a las peticiones de entrevista de los objetores a EpC.