La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha reconocido a los micrófonos de la cadena COPE que, respecto a la nueva Ley del Aborto que impulsa el ejecutivo socialista, «la sociedad está fracturada al 50%». Esta consideración entra en conflicto con el «mantra» de la demanda social tan repetido desde las filas del PSOE, aunque la vicepresidenta admita que «esto lo que manifiesta es que estamos ante un tema de máxima dificultad» y que «la obligación del Estado es gobernar para todos».
Sin embargo, la vicepresidenta no se apea de sus principales consideraciones, y ha defendido que el el Gobierno ha intentado «mejorar una legislación para establecer mayores garantías, mayor seguridad a las mujeres, a los profesionales. Para tratar de evitar situaciones de inseguridad y, en alguna ocasión, hasta de práctica que estaba en el ámbito penal». O dicho de otra manera. Para De la Vega «esta ley es mucho más garantista y protectora de la vida humana en formación», «trata de evitar el embarazo no deseado con la prevención y la información» y «nos equipara a los países de nuestro entorno».
Por último, la vicepresidenta ha reconocido la coherencia de la Iglesia católica en la defensa de la vida.