Las consideraciones hechas por el Consejo de Estado sobre la reforma de la ley del aborto, contenidas en las 70 páginas de su informe, muestran ideas dispares, que permiten múltiples interpretaciones. Por un lado avala la constitucionalidad del anteproyecto de ley, pero por otro, reconoce que el aborto no puede ser considerado «un derecho». Insta al gobierno a que garantice que los padres de las menores de 16 años que vayan a abortar sean informados, pero también pide que las menores sean verazmente informadas de todas las opciones que tienen ante un «embarazo no deseado». En conclusión, un dictamen que apoya el proyecto abortista del Gobierno, aunque incluya alguna pega a sus reformas.
Con este informe se completa el último paso necesario para que la reforma de ley del aborto comience su trámite parlamentario. A diferencia del Consejo Fiscal, que declaró algunos artículos del anteproyecto «inconstitucionales», y del Consejo General del Poder Judicial, que no fue capaz de llegar a un consenso, el Consejo de Estado ha sido el único órgano consultivo que ha apoyado sin fisuras la ley planteada por el Ministerio de Igualdad. Como argumento, el informe señala que «España se ha convertido en paraíso del turismo abortista».
Es decir, frente a la laxitud con la que se aplica la ley actual (que permite abortar hasta las últimas semanas de embarazo en caso de riesgo psíquico para la mujer), la nueva propuesta es mucho menos permisiva, según el Consejo de Estado.
Manga ancha en las objeciones
Las únicas objeciones planteadas tienen su cara y su cruz, puesto que por cada una de ellas, admite alguna de las novedades introducidas por el Gobierno. Es el caso de la petición de que los padres de las jóvenes de 16 años que vayan a abortar sean informados. Hasta ahí llega la objeción, que añade que «en caso de conflicto» las menores de esa edad sean escuchadas, aunque en ese caso los padres tengan la última palabra. Aunque el dictamen pide también que sean informadas de todas las posibilidades antes de abortar, exige que esa información no contenga connotaciones éticas ni religiosas.
También pide que se aclare por qué se han escogido los plazos de 14 semanas (aborto libre) y 22 (malformaciones o riesgo para la mujer). Sin embargo, admite que los médicos contrarios al aborto no participen en los comités clínicos previstos para decidir sobre los abortos tardíos y recomienda sancionar con más dureza a los médicos que practican abortos ilegales o en un estado de gestación «avanzadísimo».
El Gobierno, satisfecho
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, tras conocer el informe, declaró sentirse «muy satisfecha», debido a que la postura que defiende el Gobierno y el informe emitido «coinciden en lo sustancial» al manifestar que las jóvenes «tienen capacidad de decidir». Igualmente, subrayó el rigor, la profesionalidad y la seriedad del trabajo realizado por los miembros del consejo, aunque recordó que será el Parlamento «el que tenga la última palabra». Confirmó que el anteproyecto será aprobado en el próximo Consejo de Ministros y, entretanto, se «estudiarán» las modificaciones.
En las misma línea se manifestó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, aseguró que la nueva ley «en sus líneas básicas», es la misma. Aunque la ministra Aído asegurara que se estudiarán las modificaciones, tanto la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, como el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, se mostraron contrarios a modificar el artículo de los 16 años.
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, reiteró ayer que, si la norma sale adelante, recurrirá al Tribunal Constitucional. La diputada popular Sandra Moneo, que defendió la postura del PP en la subcomisión del Congreso que trató la reforma, explicó que «nos oponemos a una ley de plazos porque implanta el aborto libre», y recordó que el Consejo de Estado se ha quedado solo en su apoyo a la propuesta del Gobierno. Por su parte, Esperanza Aguirre, presidenta madrileña, pidió al Ejecutivo «recapacite» y tenga en cuenta «la opinión de los ciudadanos».