El eurodiputado y número dos de los socialistas en el Parlamento Europeo, Ramón Jaúregui ha apostado por obligar a los médicos a practicar abortos en los hospitales públicos ya que, desde la perspectiva de la supresión de la vida intrauterina como «derecho» se incluiría el acceso gratuito a través de la Sanidad Pública. Jaúregui ha pedido que la nueva legislación sobre aborto regule «el comportamiento» de los hospitales públicos para evitar que este «derecho de las mujeres tenga que ser practicado sólo en clínicas privadas mediente pago».
Este planteamiento del veterano político socialista, sin embargo, no es óbice para que asegure, en una entrevista con Europa Press, que respeta «la objeción de conciencia» a estas prácticas respaldada por la mayoría de los médicos, aunque señaló que el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios respecto al aborto, reconocido por el Tribunal Constitucional desde 1985, no puede impedir a las mujeres abortar. «al final, el hospital tendrá que establecer un mecanismo por medio del cual, respetando la posibilidad de que algunas personas se nieguen a a este ejercicio, puedan hacerlo otras», puntualizó.
Por otra parte, el eurodiputado también se ha mostrado partidario de que los padres sean informados en caso de las menores, aunque argumentó que respeta «que sea ella (la menor) la que en último caso decida».
«Derecho a vivir» replica
La portavoz de Derecho a Vivir (DAV), Gádor Joya, ha manifestado que el 99,99% de los médicos de hospitales públicos «no va a practicar abortos, sino a cuidar de sus pacientes» y ha señalado que «El aborto no es un derecho», en relación a las declaraciones del socialista Jaúregui.
«Si el Gobierno quiere convertir los hospitales públicos en abortorios, sólo tiene que sustituir el mérito científico, académico y profesional por un nuevo requisito en las convocatorias de plazas: el requisito de aspirar y trocear fetos, el requisito de causar daños, a menudo irreparables, a la salud de la mujer», ha asegurado la portavoz de DAV.
Por otra parte, Gádor Joya acusó al PSOE de querer acabar con el derecho a vivir y con el derecho a la objeción de conciencia «al mismo tiempo». «Dos derechos de una tacada», ha explicado. Sobre el segundo, Joya reconoció que «la advertencia del ministro Caamaño no fue un globo sonda o una serpiente de verano».
Por último, la portavoz de DAV hizo un llamamiento a los ciudadanos españoles para que, cualquiera que sea su lugar de residencia, asistan el próximo 17 de octubre a la gran manifestación convocada por decenas de entidades defensoras del derecho a vivir. La finalidad de ese acto es hacer visible el rotundo rechazo que produce en la sociedad de nuestra nación pretensión del Gobierno de instaurar de facto el aborto libre en España.