(VERITAS) La nueva Legislatura inicia su andadura con algunos anuncios que afectan directamente al ejercicio de la libertad religiosa en España, y por tanto a la religión mayoritaria en el país: la católica. La revisión de la Ley de Libertad Religiosa, el declarado avance hacia la “laicidad” del Estado, la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado o una deficiente adecuación de España al pluralismo religioso, según la interpretación de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, demandan una parada para pensar a fondo estas cuestiones. Veritas ha entrevistado al catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, experto en libertad religiosa, Rafael Palomino. Palomino considera “que tanto la Constitución de 1978 como la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 han sido unos instrumentos aptos para crear las condiciones de convivencia en la pluralidad religiosa de nuestra sociedad” y subraya “que lo razonable sería dejar que el pulso propio de la sociedad y el contenido de esos dos instrumentos jurídicos fueran de forma natural dando nuevos frutos de libertad y de entendimiento, pero sin dirigismos gubernamentales”. Por otra parte, el experto considera que el pluralismo religioso es parte de la “realidad cotidiana” en España y que “levantar una bandera de aceleración, de freno o de dirección del pluralismo religioso es sencillamente una forma de dirigismo”. “Creo que no es razonable someter la religión a experimentos jurídicos de ingeniería social. El cometido propio del Estado español, a mi modo de ver, es la gestión de algunos aspectos del pluralismo religioso a la luz del derecho fundamental de libertad religiosa y del principio de cooperación del propio Estado con los grupos religiosos”, subraya. Respecto a la hipotética revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado, el catedrático considera que hasta ahora han sido “un arma arrojadiza, una amenaza y, francamente, no sé a ciencia cierta si esta vez viene el lobo o no”. “Lo importante es que se tenga en cuenta que lo que se revisa, en caso de que se revise, son unos Acuerdos, es decir, algo que ha sido consentido y admitido por ambas partes. Y son ambas partes las que tienen que actuar, pensar, negociar. En caso contrario, simplemente estaríamos ante un golpe de fuerza poco honrado por parte de uno de los interlocutores”, subraya. Palomino también da su opinión sobre el anuncio de la vicepresidenta de aprobar un "Plan de Derechos Humanos" diciendo que debería contemplar “la multiforme riqueza de la dignidad humana” contemplada en la Declaración de a ONU de 1948 (trabajo, vivienda, derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, etc.). “Son realidades que en la situación actual de nuestro país requieren una atención primordial por parte de los poderes públicos. Y es igualmente importante que no se haga de las iniciativas a favor de los derechos humanos instrumentos de implantación de formas ideologizadas de los derechos humanos”, destaca. Finalmente, y sobre la creación de una Comisión de expertos para "mejorar las garantía de los derechos de las mujeres” ante el aborto, Palomino declara que “esa comisión de expertos tiene que preguntarse con sinceridad si la mujer que aborta es libre” y “buscar las alternativas al aborto”. “En caso contrario, esa comisión de expertos sería un mero trámite ilustrado que enmascara intereses no declarados y que promueve la cultura de la muerte”, concluyó.