(Nicolás de Cárdenas/ReL) «Un informe ideologizado, sumiso al Gobierno, con errores y falsedades y que elimina el derecho a la vida». Así de contundente se ha mostrado el Instituto de Política Familiar respecto al dictamen aprobado esta mañana por la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ). El texto, aprobado por un solo voto (tres a favor, dos es contra) considera que el anteproyecto de la nueva ley del aborto impulsado por la ministara de Igualdad Bibiana Aído es constitucional, aunque recomienda que los padres de las menores de edad deberían ser informados en caso de que fueran a recurrir al aborto por un embarazo inesperado. Así, se han impuesto las tesis de los magistrados del consejo propuestos por el PSOe, Margarita Uría, josé Manuel Gómez Benitez y Margarita Robles, frente a los vocales designados a propuesta del PP, concepción Espejel y Claro José Fernández, informa Efe. Este último fue el ponente de un primer informe en el que se apuntaban claros aspectos inconstitucionales de la nueva norma, pero que también fue rechazado por Margarita Uría. Para el Instituto de Política Familiar, el informe acepta «acríticamente las afirmaciones del texto gubernamental, desde citar que la nueva ley nos acercaría al modelo europeo (algo totalmente falso), citando como ejemplo de ley de plazos a los casos de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, etc. cuando en la mayoría de los casos esos plazos se refieren a ciertas causas concretas y por tanto no es el caso de aborto libre». Del mismo modo, el IPF considera «grotesco», que el informe asegure que «la previsión de un sistema de plazo, no supone la desprotección penal del bien jurídico que constituye la vida del nasciturus» sino una renuncia del Estado a castigar penalmente a la mujer que aborta.