(PPE/ReL) Como indica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, estas declaraciones confirman que EpC es un proyecto gubernamental de formación moral de los jóvenes completamente ajeno a la Constitución y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. "Y por si fuera poco, el Gobierno deja muy claro que, en la escuela, manda el Estado". Fernández de Alarcón recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los padres podrán acudir a los tribunales para denunciar cualquier imposición moral sobre temas controvertidos. Además, ha informado de que muchos padres están dispuestos a seguir objetando en conciencia argumentando que se trata de un acto moral personal que nadie puede restringir.