(Rosa Serrano /La Razón) Previsiblemente, el texto común abogará por una ley de plazos que permita el aborto libre en las primeras semanas de gestación, y definirá el aborto como un derecho. El PP, por su parte, propondrá medidas para que la ley actual se cumpla y defenderá “el derecho a la vida de todos, incluidos los no nacidos”. En el documento, al que ha tenido acceso La Razón, reclamará, entre otras medidas, que exista una garantía pública en la emisión de certificados para autorizar los abortos. En este sentido, propondrá recuperar las comisiones de evaluación que derogó el Gobierno de Felipe González o un instrumento similar. En todo caso, “que las clínicas privadas no emitan los certificados”, según fuentes populares. Para el PP, “a las únicas que beneficia una ley de plazos es a las clínicas” y, si se tiene en cuenta que España es el país de Europa donde más crecen los abortos, esta reforma no cumpliría el objetivo común de reducir el número de interrupciones. Además, recalca el documento, “no tiene cabida en nuestra Constitución”. Entre las medidas propuestas también está la de usar un “consentimiento informado específico que incluya los efectos físicos y psíquicos que puede tener el aborto en la mujer”. El documento, además, contiene un apartado de “medidas preventivas, formativas e informativas”, en el que se alerta de que la interrupción del embarazo no se puede utilizar “como método de planificación familiar”. En otro punto, titulado “apoyo social y de los poderes públicos a la maternidad”, propone que las pacientes, antes de abortar, reciban una “información detallada” y, sobre todo, “suministrada por personas ajenas a la práctica del aborto, sobre sus derechos, las ayudas públicas o privadas a las que pueden acceder y las alternativas con que pueden contar”. “Ni forzada ni coaccionada” Asimismo, reclaman que se garantice que ninguna mujer acuda “forzada, coaccionada o impulsada por su entorno personal o las circunstancias que rodean su embarazo” a la clínica abortista. En suma, que la interrupción del embarazo no sea la única salida “ante la ausencia de alternativas asequibles” para afrontar los problemas derivados del embarazo, ya sean “sociales, económicos, laborales, de vivienda, de inserción familiar, etc.”. Además, pedirán una “atención especial” a las adolescentes embarazadas.