(Profesionales por la Ética/ReL) - Usted ha afirmado en alguna ocasión que esta Educación para la Ciudadanía significa una auténtica involución democrática de la izquierda. ¿En qué se basa para realizar esta afirmación? La introducción en un programa oficial de nociones cuya solución no corresponde al poder político coarta gravemente la libertad de conciencia de los alumnos, pisotea la libertad de los padres de alumnos menores para escoger el tipo de educación que estiman más conveniente para sus hijos y ofende a la ética profesional de los profesores encargados de enseñarla. Pero además de todo eso, destruye de manera inequívoca y radical el postulado de la neutralidad ideológica del Estado que deberíamos considerar una conquista especialmente importante de la democracia liberal. La diferencia entre una democracia liberal y un régimen autoritario o teocrático reside precisamente en eso, en que el Estado no profesa religión, en que el poder no está legitimado para imponer convicciones morales. - ¿Cómo se explica el radical desprecio mostrado desde los impulsores de esta Educación para la Ciudadanía a la objeción de conciencia? En su esquema, tanto la libertad como la objeción de conciencia, que tanto aclamaron cuando les servía para deteriorar un Gobierno en el que no estaban, significan un error, casi un delito. Su rechazo a la objeción de conciencia se pretende fundar, naturalmente, en el hecho de que no hay ninguna ley que la regule, argumento que es, al menos, coherente con su mentalidad totalitaria: si se sostiene que todo derecho y toda libertad se fundan en una ley y no existe una ley que de vida a la objeción de conciencia, ¿cómo puede ser ésta legítima? Sin embargo, y aunque no exista una ley que explícitamente la regule, la posibilidad de ejercer en cualquier momento la objeción de conciencia es una exigencia básica de la democracia. - Por parte del Gobierno y sus medios afines se ha querido presentar la oposición a la asignatura como un problema de relaciones Iglesia-Estado… Lo que se ha puesto en juego con la imposición de estas asignaturas, con su empeño en imponer una moral más allá de cualquier buen sentido, no es, de ninguna manera, la cuestión religiosa. Lo que está en juego es si el Gobierno tiene que respetar unos límites o, por el contrario, puede hacer lo que le venga en gana si tiene el apoyo político y parlamentario suficiente. Respecto a la relación de este conflicto con el tema de la clase de religión, es curioso que muchos sedicentes izquierdistas se hayan olvidado tan pronto de las razones que esgrimieron para impedir que la religión católica (que es la confesada por una muy amplia mayoría de españoles), pueda impartirse formando parte de los programas oficiales, de manera obligatoria y a todos los alumnos. Ahora se pretende un trágala, que se funda en el mismo error en que incurrían los que pretendían mantener absurdamente una enseñanza obligatoria y universal de la religión católica. La intención de los que defienden ese tipo de Educación para la Ciudadanía, puede ser, en cierto modo, antitética, ya que se trata de una iniciativa que ignora los límites entre el poder legítimo del Estado y la autonomía y la libertad de la conciencia individual. - A su juicio, ¿tiene arreglo el conflicto de esta Educación para la Ciudadanía? Lo tiene, desde luego. Bastaría con que las asignaturas se limitasen a explicar a los alumnos los fundamentos del orden constitucional y los temas esenciales de la filosofía política de la democracia, la importancia de participar en las instituciones, los derechos humanos, los principios de la tolerancia y temas similares. En resumidas cuentas, se trata de que el Gobierno renuncie a adoctrinar en temas morales sobre los cuales carece de cualquier competencia y se decida a respetar la libertad de conciencia del conjunto de los ciudadanos y de cada uno de ellos en particular.