(Efe) "Se trata de una decisión sin precedentes tomada por un tribunal chino, aceptar una denuncia administrativa por parte del pastor de una iglesia desafiando una decisión punitiva del Buró", señala la ONG, con sede en Pensilvania. El asalto tuvo lugar el 14 de diciembre pasado, cuando más de 50 funcionarios del Buró de Asuntos Religiosos y del Buró de Seguridad Pública realizaron una redada en la Iglesia de Liangren durante la misa del domingo. Los funcionarios llevaban una nota de "multa administrativa", en la que acusaban al pastor Wang Dao de organizar una reunión ilegal y lo instaban a finalizar dichos encuentros. Cuatro días más tarde, el padre Wang interpuso una demanda administrativa contra el buró religioso de la provincia de Cantón, en la que pide a los jueces que obliguen a la retirada de la mencionada multa. El 25 de diciembre la corte respondió con una notificación de aceptación del caso. La ONG considera que la aceptación puede sentar un precedente en otros casos en los que ha habido acoso a católicos que no pertenecen a las congregaciones controladas por el gobierno comunista. China, un estado oficialmente aconfesional poblado por budistas, taoístas, católicos y musulmanes, reconoce a las congregaciones religiosas que aceptan el control del Estado, pero no a los grupos clandestinos o independientes. En China hay entre 8 y 12 millones de católicos, divididos entre la Iglesia oficial y la clandestina.