(Milagros Asenjo/Abc) De Castro sostiene que, de acuerdo con los datos que manejan FERE-CECA y Educación y Gestión (EyG), el saldo medio negativo por unidad en la partida de otros gastos, con el que se paga al personal de administración y servicios de los centros y se afrontan los gastos corrientes, es de 4.500 euros anuales, lo que supone una media de 120.000 euros por cada uno de los 2.400 centros de las mencionadas organizaciones. El módulo del concierto educativo consta de tres partes: personal docente, cuyos salarios y cargas sociales corren por cuenta de la administración correspondiente; otros gastos, que son las cantidades que el centro recibe para su mantenimiento, y una tercera para cubrir el coste de las sustituciones. El déficit que acumulan los colegios por la insuficiencia de la dotación del concierto «deben suplirlo los centros con sus propios recursos o con las aportaciones de los padres», afirman los representantes de la concertada católica, que denuncian también la discriminación que sufren los centros subvencionados frente a los privados en numerosos aspectos. Y esto les ha llevado a promover un observatorio para la no discriminación del alumnado según el centro donde se escolarice. El secretario general de FERE-CECA reconoció que España «ha alcanzado un aceptable nivel de equidad en cuanto al acceso de todos a la educación». Sin embargo, «se viene produciendo una quiebra de esa equidad en forma de discriminación hacia los alumnos que acuden a la escuela concertada». Implicación con los inmigrantes Para FERE-CECA, «pese al compromiso de la escuela concertada con la escolarización y atención de inmigrantes», las administraciones sistemáticamente niegan a estos centros los medios para poderlo hacer en igualdad de condiciones que los centros públicos», explica Manuel de Castro. Asimismo, «se están produciendo discriminaciones injustificables -dijo- en la dotación de recursos didácticos para la aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación». Además, «las becas de comedor para los alumnos de la concertada están restringidas y no alcanzan en ningún caso las cifras de la escuela pública, dándose el caso de que familias en las mismas condiciones económico-sociales consiguen becas de comedor sólo si van a la escuela pública». Los centros concertados encuentran asimismo dificultades para acceder a alguna de las 80.000 plazas de los programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), lo mismo que a los recursos para crear bibliotecas escolares. Las escuelas católicas llaman también la atención sobre los incumplimientos de la Ley Orgánica de Educación (LOE), dos años después de su aprobación. «Algunas de sus disposiciones -lamentan- son fundamentales para la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo, como las referidas a la atención a la diversidad y a la financiación adecuada de la educación». Más participación Así las cosas, la escuela católica urge a las administraciones educativas a que pongan en marcha «cuanto antes» las disposiciones de la LOE que están siendo «olvidadas», con los desarrollos legislativos que sean necesarios para ello. Pese a todo, la concertada católica llama a los responsables políticos a poner «todos los medios» para alcanzar un pacto educativo que «deje de lado el uso interesado de la educación». Además, reclama que se concierte el Bachillerato en todas la comunidades autónomas «para que muchos alumnos no abandonen el colegio concertado contra su voluntad por falta de recursos económicos». Sólo en Valencia, Navarra, País Vasco y Baleares existe el concierto en Bachillerato FERE-CECA pide asimismo que se considere la participación de las asociaciones patronales, de titulares, de padres y sindicatos en la puesta en marcha del Plan para Reducir el Abandono Escolar a la mitad en 2012, dentro del plan acordado por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. EL MAPA DE LA DISCRIMINACIÓN DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA Bilingüismo. En toda España, el acceso a programas de bilingüismo y a su financiación se dirige sólo a los centros públicos. Aquellos centros concertados que han podido acceder al mismo después de dos años de implantación en los centros públicos lo han hecho con restricciones en cuanto al número de centros autorizados y con una financiación inferior a la que tienen los centros públicos. Nuevas tecnologías. La dotación de recursos materiales como ordenadores y pizarras digitales, así como de profesores de refuerzo y formación, sólo se dirige a los centros públicos, salvo en alguna comunidad autónoma como Aragón. Esta situación es especialmente llamativa en Castilla-La Mancha, Valencia, Asturias, Extremadura y Navarra. Transporte escolar. Este servicio, vital sobre todo en zonas rurales, sólo está previsto para alumnos de centros públicos. Aún teniendo el autocar plazas libres, pasando por delante de los hogares y de los colegios de alumnos de centros concertados, no se les permite este servicio, ni siquiera pagando el coste del transporte. Galicia, Extremadura, Valencia, Murcia, Castilla y León, Asturias, Baleares, Cantabria son las regiones con mayores problemas. Becas de comedor. El tipo de centro en el que cursen estudios los alumnos limita el acceso a las becas de comedor, ya que sólo acceden a las mismas los alumnos escolarizados en centros públicos, aún con el mismo nivel de renta. Esto se produce en prácticamente toda España. Bibliotecas. Las Administraciones educativas crean bibliotecas escolares o destinan financiación para su mejora, pero se excluye de estas dotaciones a los centros concertados. Plan PROA. Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo. Es un proyecto de cooperación territorial que pretende abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado mediante un conjunto de programas de apoyo a los centros educativos. Otros. Planes de refuerzo, gratuidad de material, horarios...