(Agencias/ReL) La polémica asignatura se generaliza este curso en la ESO y el Bachillerato de todas las comunidades, a la espera de que el Supremo resuelva los recursos relacionados con la objeción de conciencia y a la sombra del enfrentamiento entre el Gobierno y CCAA gobernadas por el PP. Pero incluso entre las comunidades populares había divergencias a la hora de oponerse a la controvertida asignatura. La objección de conciencia era el punto en que más divergían las Comunidades gobernadas por el PP. Mientras algunas Madrid y Murcia han presumido de reconocer el derecho a la objeción y han animado a las familias a hacerlo, Castilla y León rechazaba las objeciones de conciencia. La Comunidad Valenciana y La Rioja aceptaban las solicitudes, aunque con reparos. Tras una reunión de los consejeros populares de Educación con el vicesecretario general de política autonómica del partido, Javier Arenas, el PP expresa su apoyo tanto a los padres que hayan ejercido "el derecho de la objeción de conciencia como a los que no, y valora el reconocimiento del mismo" por parte de algunos tribunales. En la nota emitida este lunes tras su reunión, el principal partido de la oposición pide además al Ejecutivo que retire esta asignatura obligatoria del currículo escolar hasta que no se consensúe "un contenido estrictamente educativo basado en el conocimiento" de la Constitución española. En defensa de la objeción de conciencia Tras recordar la pluralidad de sentencias sobre este asunto, considera "imprescindible y urgente que haya un pronunciamiento definitivo del Supremo que unifique doctrina" y evite más interpretaciones ante la "pluralidad de sentencias" que existe en distintas comunidades. Entretanto, defiende la no impartición de los contenidos a los alumnos que así lo quieran, una situación que "no debería perjudicar nunca el expediente" de los estudiantes. Añade que el PP "ha defendido y defenderá la libertad que asiste a los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, garantizada por la Constitución en el artículo 27.3". Concluye que su rechazo a Educación para la Ciudadanía obedece a su "carácter doctrinario e ideológico que, como ya ha recogido alguna sentencia, pretende conformar en los alumnos una conciencia moral concreta, la denominada conciencia moral cívica, atentando contra el derecho de los padres y dividiendo a la sociedad".