Los obispos católicos de Arizona han aplaudido la sentencia del tribunal federal de Phoenix, que en la víspera de su entrada en vigor ha bloqueado algunas de las medidas más polémicas de la ley contra la inmigración ilegal en ese Estado norteamericano.

Disposiciones de la nueva ley, que había sido aprobada por el gobernadora Jan Brewer en abril, han sido bloqueadas este miércoles por la jueza Susan Bolton y quedarán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido.

Los obispos católicos de Arizona han aplaudido (es el verbo literal que han utilizado) la sentencia de la juez y esperan que "la reacción a su decisión se exprese solamente en formas pacificas y legales".

"Como obispos de nuestras respectivas diócesis, sabemos que prácticamente en todas las parroquias hay familias que han estado viviendo con miedo y ansiedad creado por la SB 1070 y que dicha ley iba a separar las familias", explican los obispos en una nota.

"La situación de estas familias puede ser que, un padre sea ciudadano y el otro no se encuentra en nuestro país legalmente --añaden--. O puede ser que la situación sea, que algunos hijos sean ciudadanos y que un hermano o hermana no tenga los documentos necesarios".

Los obispos "se unen a estas familias. Sabemos que son buenas personas, que trabajan duro y que contribuyen a la economía y a la calidad de vida de sus comunidades".

Los obispos anunci an que continuarán manifestándose contra las provisiones de la SB 1070 y que vigilarán !la

implementación de las provisiones permitidas de acuerdo a la decisión".

Asimismo aseguran que continuarán promoviendo "una reforma comprensiva de las leyes de inmigración de nuestro país".

La posición de los obispos se basa en cuatro principios.

En primer lugar, señalan, "la inmigración ilegal no es buena para nuestro país. No es bueno no saber quien está entrando a nuestro país".

En segundo lugar, aclaran, "nuestras fronteras internacionales deben ser aseguradas y debemos ser protegidos del narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, y de la violencia".

En tercer lugar exigen "un proceso para alcanzar un estatus leg al - pero no una amnistía - para las personas que han entrado a nuestro país ilegalmente. Este proceso deberá tener consecuencias en proporción al acto de entrar sin documentos, esto incluye multas, aprender inglés, y ponerse en línea desde el comienzo para hacerse ciudadano".

En cuarto lugar, consideran, "nuestra nación necesita un programa que permitirá que los trabajadores entren legalmente a este país. Este programa deberá incluir la protección de los derechos de los trabajadores".

Según los prelados, "la consecuencia fatal del fracaso del liderazgo de los políticos de nuestra nación para implementar una reforma de nuestro sistema de inmigración ha incluido la muerte de miles de personas".

"Los migrantes - mujeres, hombres, niños en circunstancias desesperadas - han muerto inte ntando entrar a nuestro país. Ciudadanos norteamericanos han muerto debido a los crímenes cometidos por los narcotráficos, las personas que trafican a seres humanos, y las personas que trafican las armas".

Los obispos concluyen asegurando sus oraciones a sus senadores y representantes para que "dejen a un lado sus divisiones de partido y pronto trabajen para componer el quebrantado sistema de inmigración".

Otros obispos de Estados Unidos y de América Latina han manifestado también aprobación pública ante la decisión judicial.