En los últimos dos años, el European Centre for Law and Justice (ECLJ, Centro Europeo por el Derecho  y la Justicia) que dirige el jurista francés Grégor Puppinck ha publicado dos informes demoledores para las instituciones globalistas más implicadas en la interpretación de los derechos humanos, vía de entrada para las transformaciones sociales propias del Gran Reinicio en curso.

En febrero de 2020 mostraba cómo el 22% de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tienen vínculos con ONG afines a Georges Soros. Y en septiembre de 2021 desvelaba asimismo que Open Society y otras fundaciones (entre ellas la de Bill Gates) financian a expertos de la ONU que elaboran dictámenes como si fuesen asesores independientes.

En un reciente artículo publicado en el número 340 (octubre de 2021) de la revista francesa La Nef, Puppinck hace una síntesis sobre cómo funciona ese conglomerado de intereses al servicio, entre otras causas, de la promoción del aborto y de la ideología de género.

La dominación de los actores privados

En la era de la globalización, las instituciones internacionales asumen una creciente responsabilidad y ejercen un poder considerable. Los centros de decisión se desplazan lejos de los pueblos y de sus capitales históricas para concentrarse en algunas nuevas capitales de la gobernanza mundial, ya sean financieras o políticas, en especial Nueva York y Ginebra.

Actores globales, agentes de cambio social

Al desplazarse, el poder cambia de naturaleza: aspira a ser racional y global, y en consecuencia se desliga de la expresión de la voluntad (supuestamente irracional) de los pueblos concretos, y también de la antigua distinción entre actores públicos y privados, en beneficio de una nueva distinción entre actores locales y globales. Mientras que los Estados pequeños son actores locales, sin grandes medios, ciertas fundaciones y empresas privadas son actores globales.

Sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).

Una parte de estos actores globales privados tienen una finalidad política explícita. Se trata de grandes fundaciones y de organizaciones no gubernamentales (ONG) que no solo disponen de considerables medios, sino también de gran experiencia en los altos niveles y, sobre todo, de una visión del mundo generalmente ultraliberal y mundialista.

Estas tres cualidades convierten a esos actores privados en instrumentos muy eficaces de cambio social, que actúan sobre el terreno político y social con mucha más agilidad que los Estados, sin su lentitud administrativa y democrática. De ahí que algunos actores privados hayan adquirido un poder financiero y político muy superior al de numerosos Estados. La actitud de los gobiernos hacia ellos varía según que compartan o no su visión del mundo.

¿Quién paga?

Las instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, son financiadas cada vez más por esas fundaciones y empresas privadas, además de los Estados. Es el caso, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recibió más de mil millones de dólares en 2017, o de la Unicef, que recibió más de 1400 millones de dólares en 2020.

El fenómeno en virtud del cual un actor privado ejerce una influencia significativa sobre una institución pública a través de su financiación ha recibido, en ciencias sociales, los apelativos de “captura”  y de “privatización”. Esos actores privados son poco numerosos y consisten esencialmente en algunas fundaciones y empresas: las fundaciones Gates, Ford, Open Society, Oak, McArthur e incluso Microsoft.

Para estudiar y exponer la influencia de estos actores sobre el sistema internacional de protección de los derechos del hombre, el ECLJ publicó el año pasado un informe sobre Las ONG y los jueces del TEDH.

Un cotrol ideológico mundial

Como extensión de esa investigación, el ECLJ centró su investigación sobre los “expertos” del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (con sede en Ginebra), que ejercen una autoridad considerable a nivel mundial en materia de interpretación y defensa de los derechos del hombre.

Este informe saca a la luz un fenómeno hasta ahora subestimado y conocido solo por los iniciados: entre 2015 y 2019, 37 de los 121 expertos en activo [el 31%] recibieron directamente 11 millones de dólares –fuera de todo control de Naciones Unidas- provenientes principalmente de las fundaciones Ford y Open Society [Soros] y de financieros anónimos.

Tras entrevistar a 28 expertos, se desprende claramente que esa financiación directa busca sostener la actuación de expertos particulares e influir sobre ella, y por tanto afecta significativamente a su independencia.

Se supone que los expertos declaran anualmente su financiación directa, pero no lo hacen más que de forma muy incompleta, o no lo hacen en absoluto. Casi todos aquellos a quienes hemos preguntado comparten esta conclusión, y algunos califican este fenómeno como corrupción. El informe aporta ejemplos de las cuestionables prácticas de los expertos “reclutados”, a quienes se remunera como autónomos o por la redacción de informes oficiales con financiación privada. Y resulta que los expertos más ideologizados son también los más implicados en estas prácticas.

Es más, al menos 52 de los 222 expertos en activo [24%] desde 2010 tienen o han tenido responsabilidades en Open Society o en una ONG financiada por las fundaciones Ford u Open Society.

Se observa así en la ONU, como en el TEDH, un mismo fenómeno de control de las instituciones internacionales de protección de los derechos del hombre por unos  pocos actores privados politizados. Esos actores tienen capacidad para actuar a todos los niveles del sistema y ante todas esas instituciones.

Y han demostrado una gran solidaridad en el violento contraataque que han dirigido contra el ECLJ desde la aparición del informe.

Comprobamos así que los derechos del hombre no caen del Cielo.

Traducción de Carmelo López-Arias.