La Justicia y las autoridades australianas tienen un historial abultado de cómo utilizar la ley para ir un poco más allá en su autoridad. El encarcelamiento del inocente cardenal Pell o los centros de internamiento durante la pandemia del coronavirus son solo algunos casos de la forma de actuar que tiene este país oceánico.
En esta ocasión, han sido los sacerdotes de Australia Occidental los que están desde ahora legalmente obligados a transmitir toda la información sobre abuso sexual infantil que reciban, incluida la obtenida en el sacramento de la Confesión. Los cambios entraron en vigor el 1 de noviembre. No se trata del primer territorio australiano que aprueba leyes similares.
Esencial para la fe católica
Los sacerdotes tendrán responsabilidad penal si no redactan un informe al conocer bajo secreto de confesión que un niño ha sido o está siendo abusado. No hacer dicho informe está considerado un delito y tendrá una pena máxima de 6.000 dólares australianos (3.800 euros).
La Iglesia australiana ya se pronunció sobre esta problemática en 2020, cuando el arzobispo de Perth, Timothy Costelloe, defendió el secreto de confesión como "esencial para la fe católica". El prelado señaló la "horrible historia" de los abusos sexuales en la Iglesia Católica, y comentó que entendía que la gente estuviera consternada por su insistencia en defender el principio de la absoluta confidencialidad del sacramento tal como se practica en la Iglesia.
"Los pecados no se confiesan al sacerdote, sino a Dios", explicó el arzobispo. "El sacerdote, por lo tanto, no tiene derecho ni autoridad para revelar nada de lo que ocurre en este encuentro íntimo con Dios… Hacer ilegal la práctica libre de un aspecto esencial de la fe católica me parece que es algo que las sociedades seculares modernas tienen siempre entendido que está más allá de los límites de su autoridad", aseguró el prelado.