El pasado 4 de diciembre el sacerdote filipino Marcelito Paez, conocido por los fieles como Tito, fue asesinado brutalmente tras sufrir una emboscada en la que fue tiroteado por varios hombres armados.

Roberto Mallari, obispo de San José, en la isla filipina de Luzón, ha confirmado que cuatro hombres que iban en dos motos tendieron una emboscada sobre las 8 de la tarde a este religioso de 72 años mientras conducía su vehículo por la ciudad de Jaén.

El padre Marcelito fue trasladado de urgencia a un hospital donde finalmente falleció dos horas después. Según recoge la agencia Fides, el obispo asegura que ha sido una asesinato premeditado y organizado que “condena firmemente” por lo que ha pedido a las autoridades “que conduzcan las investigaciones necesarias y se haga justicia por su muerte”. Hasta ahora ningún grupo criminal ha reivindicado el homicidio.


Entre los fieles de la diócesis y en toda la comunidad filipina se vive un fuerte dolor y una gran decepción. Los fieles locales, se han organizado con encuentros de oración y vigilias espontáneas y el obispo les ha invitado a “permanecer unidos en oración por la justicia”.

Paez era un sacerdote diocesano que sirvió a la diócesis durante más de 30 años y se había jubilado en el 2015, aunque continuaba involucrado en la labor pastoral y apostólica. En su servicio a la Iglesia, era conocido por su participación activa en la defensa de la justicia social, particularmente en las cuestiones de derechos humanos que afectan a los pobres. Durante muchos años había sido parte de la Comisión para la acción social de la diócesis, dirigiendo la oficina de “Justicia y Paz”.

El sacerdote seguía siendo el coordinador en Luzón de los "Misioneros rurales de Filipinas", (Rural Missionaries of the Philippines RMP), una organización intercongregacional e interdiocesana, formada por religiosos, sacerdotes y laicos, hombres y mujeres, fundada en 1969 por la Asociación de Superiores Mayores en Filipinas, con la idea de ofrecer una presencia cristiana activa en las zonas rurales.

Justo el día en que fue asesinado, Páez había ayudado a facilitar la liberación del preso político Rommel Tucay, que estaba recluido en una prisión en la ciudad de Cabanatuan.


“Es un acto muy serio. La ejecución es un acto brutal que pretende sembrar el terror entre quienes se oponen a la naturaleza militarista y despótica del gobierno de Duterte y silenciar a quienes continúan denunciando las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones de los derechos humanos”, afirmó a Fides Elenita Belardo, de las Hermanas del Buen Pastor, Coordinadora Nacional de las “Misioneras Rurales de Filipinas”.

“No sabemos quiénes son los autores del delito y queremos que se realice una investigación seria. En última instancia, creemos que el presidente Duterte es el último responsable de los ataques en curso contra misioneros rurales, activistas y defensores de los derechos humanos durante este período”, agrega la religiosa, expresando sus condolencias a la familia y a la comunidad del padre Tito.

“Su compromiso de servir a los pobres en las áreas rurales es una inspiración para todos nosotros. Sirvió a la gente hasta su último aliento. Siempre intentó testimoniar el Evangelio y las enseñanzas sociales de la Iglesia, defendió los derechos y los intereses de la gente”. La hna. Elenita dice para concluir: “Es urgente denunciar estas atrocidades. Vivimos tiempos difíciles en los que nadie está seguro. Unámonos todos y alcemos nuestras voces contra el absoluto desprecio por la vida de las personas, que por desgracia el gobierno actual también está animando”.