El gobierno chino está endureciendo mucho sus métodos para tener controladas las entidades religiosas, denuncia un análisis de Bernardo Cervellera, veterano periodista italiano especializado en Asia y sacerdote misionero del Instituto Pontificio para Misiones Extranjeras (PIME). 

Un nuevo borrador sobre reglamentos para vigilar y dominar a las comunidades de fe prevé multas de 27.000 euros para entidades con "dependencia del extranjero" (por ejemplo, todas las comunidades católicas que se declaren fieles a los cargos aprobados por el Vaticano). Podría ser multado un joven que viaje a la JMJ de Panamá (u otro evento fuera del país) por "peregrinación religiosa sin permiso". 

A medida que los miembros del Partido Comunista constatan que la organización carece de alma y de valores, muchos pueden verse tentados por el cristianismo u otra religión. Por eso las nuevas normativas prohiben explícitamente a los miembros del partido -incluso a los ya jubilados- practicar una religión, incluso en privado. También se multaría gravemente a cualquier chino que esté en una misa celebrada por un sacerdote extranjero, por ejemplo. Cualquier texto sobre temas religiosos en Internet debe obtener permisos.

Además, se establecen normas sobre el tamaño y presencia de estatuas religiosas (prohibidas fuera de los templos), cruces y símbolos religiosos, que en algunas ciudades chinas se multiplicaban en tamaños cada vez más visibles. Publicamos a continuación el análisis del padre Cervellera publicado en la agencia misionera AsiaNews



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Un nuevo borrador sobre los reglamentos relativos a las actividades religiosas fue difundido en China. Esta debería sustituir los reglamentos del año 2004. Respecto a éstos, el borrador es más largo: está dividido en 9 capítulos (en 2004 eran 48). Entre las aparentes novedades, hay un listado de reglas a seguir para la construcción de edificios religiosos y estatuas (después de la campaña de distribución de cruces e iglesias); diversas obligaciones sobre el uso de internet; precisiones sobre el personal religioso budista (tibetano) y católico. 

Maravilla también el monto de las multas que son aplicadas a quienes transgredan las reglas. Hay multas que llegan hasta 200.000 yuanes (más de 27.000 euros: el salario mínimo en Shanghai es de poco menos de 300 euros) por “actividades religiosas ilegales” o “viajes al extranjero y peregrinaciones sin el permiso del gobierno”



De por sí, el borrador, publicado el 8 de septiembre pasado en el sitio de la Oficina del Consejo de Estado para los asuntos legislativos, habría sido hecho público para sus eventuales correcciones, consejos y enmiendas hasta el 7 de octubre. Pero un miembro confesó, lacónico, a AsiaNews: “Se dice que es un borrador, pero en realidad es el texto definitivo”.


La estructura ideológica del nuevo texto continúa siendo comunista como siempre: las actividades religiosas, para ser expresas, deben ser convalidadas y controladas por el Estado en todos los niveles: tanto en pueblos, condados, provincia, nación.

Sin definir qué es una religión y qué es la experiencia religiosa, los reglamentos (Art. 2) comienzan elogiando el hecho de que en China “los ciudadanos gozan de libertad religiosa”, y que ninguno “puede obligar a creer o no” y que “ninguna organización… puede discriminar a los ciudadanos que creen en una religión”.

Dicha afirmación está en contradicción con lo que sucede justamente en el Partido Comunista Chino, donde ya desde hace años se predica que los miembros del Partido no pueden adherir a ninguna religión , ni siquiera en privado, e incluso ni siquiera después de haberse jubilado.



Si bien no definen qué es una religión, la primera parte del borrador hace una larga serie de cosas que las religiones “no deben hacer”: 

 -no deben crear conflictos con otras religiones o con quien no cree; 
- no deben provocar divisiones étnicas; 
- no deben favorecer el extremismo religioso; 
- no deben dividir a la nación; 
- no deben practicar acciones terroristas (Art. 4).


Para estar “según la ley”, las religiones deben ser “guiadas” por el gobierno del pueblo, por los departamentos para los asuntos religiosos, por las autoridades de condados y de pueblos, las cuales tienen el derecho a intervenir sobre las actividades religiosas (Art. 6).

Además, cada grupo religioso “debe adherirse al principio de independencia y de auto-gobierno” y “no ser controlado por fuerzas extranjeras” (Art. 5). 

Estos principios son tradicionales desde tiempos de Mao Zedong, que primero quería destruir las religiones y luego - vista la imposibilidad de hacerlo- al menos pretende controlarlas con mano dura con las asociaciones patrióticas, haciendo surgir iglesias y comunidades “independientes”.

Pero tales principios han tomado un nuevo énfasis después del discurso del presidente Xi Jinping al Frente Unido el año pasado, en el cual puso en guardia contra las “influencias extranjeras” y decretó que si las religiones quieren vivir en China, deben “sinizarse”. 



La psicosis negativa sobre religiones maniobradas desde el exterior se refiere a los musulmanes de Xinjiang y a los budistas tibetanos, pero también el Papa y al Vaticano, con los nombramientos de los obispos, son sospechados de complot y de “injerencia en los asuntos internos de China”.

La “sinización” da un golpe también al personal extranjero que pueda ser invitado a las “escuelas religiosas” (seminarios, monasterios, etc.). El Art. 17 establece que los institutos deben pedir autorización para poder tener personal del extranjero, pero el permiso es sólo dado por el “departamento para los asuntos religiosos del Consejo de Estado”.

Ya se ven los frutos de esto: seminarios teológicos como el de Pekín, que antes contaban con decenas de docentes extranjeros, ahora logran, como mucho, obtener el permiso para recibir a dos o tres.


Para los lugares de culto hay un complicado proceso que debe ser realizado para obtener una aprobación, ante todo, para una construcción, el pedido deber ser pasando mes a mes por a todos los niveles del gobierno; sólo después podrá construirse dicho lugar de culto, que deberá, asimismo, tener el registro para su uso, lo cual implica otros meses más de espera (Art. 19-27). 

Se requieren permisos especiales para instalar estatuas religiosas en el exterior de los edificios de culto (Art. 29-30). Además de los permisos, la comunidad religiosa debe aceptar la verificación del ministerio de asuntos religiosos. 

En todos los casos “está prohibida la construcción de grandes estatuas religiosas fuera de los templos e iglesias”.

La prohibición hace resonar nuevamente la experiencia de la campaña contra las cruces y las iglesias lanzada en Zhejiang hace dos años, para disminuir la visibilidad de los edificios cristianos, que tenían grandes cruces en las cimas de los edificios o de los campanarios. 

Además de destruir edificios que ya habían obtenido el permiso de edificación, el gobierno provincial ha publicado las reglas en las cuales se establecen la altura, la posición, las dimensiones y hasta el color de las cruces.


El Cap. V (Art. 36-39) trata del “personal religioso”, que, para ejercer el ministerio, debe estar registrado en el Ministerio de Asuntos Religiosos. Hay dos puntos específicos. El primero se refiere a los “Budas vivientes” del budismo tibetano, cuya reencarnación “debe ser presentada -para su aprobación- al departamento para los asuntos religiosos del gobierno del pueblo”. Ya hace varios años que el Partido-gobierno estableció esta regla, que trata de prevenir la posibilidad de una reencarnación “no controlada” o “no aprobada” del Dalai Lama.

Otro punto específico es para los obispos católicos, los cuales deben ser registrados en el departamento de asuntos religiosos  de la nación. Se especifica también que “aquellos que no hayan obtenido, o que hayan perdido las credenciales profesionales [el registro, ndr] no pueden realizar actividades como personal religioso” (N. 36). 

Diversos católicos expresan el temor de que este punto pueda endurecer la posición del gobierno hacia los obispos católicos no oficiales, es decir, los que no están registrados en el ministerio de asuntos religiosos. Se consideraría que realizan “acciones ilegales y fuera de la ley” si osan celebrar una misa o administrar los sacramentos.


Lo mismo se deduce del cap. VII, que trata de las “responsabilidades legales”, donde por actividades religiosas “ilegales” se es castigado “según la ley” y se revoca “el certificado de registro”.

De muchas diócesis chinas nos están indicando que con medios lícitos y menos lícitos el gobierno está invitando a los sacerdotes no oficiales a registrarse en el ministerio. Lamentablemente -si bien en los Reglamentos no está escrito- dicho registro se realiza a través de la Asociación Patriótica (AP), que es el organismo de control, cuyos estatutos (para edificar una Iglesia “independiente”) son “inconciliables con la doctrina católica”, tal como afirma la Carta de Benedicto XVI a los católicos chinos. La mayor parte de los sacerdotes subterráneos estaría dispuesta a registrarse, si no fuese por la Asociación Patriótica. 

Queda el hecho de que estos nuevos Reglamentos parecen dar un golpe letal a las comunidades subterráneas: será ya imposible poder ejercer la propia libertad religiosa sin registrar los lugares de culto y el personal. Además, en caso de darse estas “actividades ilegales” podrían ser obligadas a pagar multas onerosísimas, de hasta 200.000 yuanes (Art. 67-68).

Entre las acciones “criminales” que merecen pesadas multas están “el aceptar el dominio de fuerzas extranjeras, aceptar sin autorización clero de grupos religiosos extranjeros u organizaciones, como también otros actos contrarios al principio de la Independencia religiosa y del auto-gobierno” (Art. 70,2). 

En la práctica, si un sacerdote italiano celebra por amistad con una comunidad o con un cura chino (“¡sin autorización!”) realiza uno de los delitos más graves: la comunión eclesial no cuenta; cuenta la aprobación del gobierno.

La criminalización contra todo aquello que afecta a “la independencia y al auto-gobierno” abarca también a Internet: la información religiosa vía Internet debe tener el permiso de las autoridades gubernamentales y “no debe contener contenidos prohibidos” (Art. 47-48).


En conclusión, leyendo todos los reglamentos, las religiones aparecen como un elemento sospechoso y peligroso, que sólo el control del “gobierno del pueblo” vuelve aceptable. Y, pese a ello, desde el inicio, los reglamentos proclaman la “libertad religiosa” disfrutada por todos los ciudadanos, sin ninguna discriminación.

Entre las prohibiciones discriminantes, está, -además de lo mencionado anteriormente referido a la prohibición a los miembros del Partido de ser religiosos- el hecho de que está prohibido "el proselitismo, llevar a cabo actividades religiosas, fundar organizaciones religiosas o establecer lugares y actividades religiosas en las escuelas del Estado” (Art. 4). 

En cambio, el Estado sí tiene el derecho de obligar y hacer asistir a lecciones de ateísmo y marxismo en las escuelas religiosas.