El nuevo presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, llegó al poder con una campaña centrada en la "mano dura" contra la delincuencia y prometiendo reintroducir la pena de muerte en el país, una práctica eliminada por la presidenta Gloria Macapagal Arroyo en 2006, con el apoyo entonces de 119 votos a favor, frente a 20 en contra.
Los obispos filipinos, que mantienen una relación tirante con el nuevo presidente (él declaraba en campaña: "creo en Dios pero no en las religiones, punto"), ya han anunciado que no piensan apoyar en absoluto un retorno a la pena de muerte.
El Presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, el arzobispo Sócrates Villegas, de Lingayen-Dagupan, ha declarado que tratará de organizar un encuentro con Duterte para que desista de recuperar esa práctica.
En declaraciones recogidas por Fides, el arzobispo de Lipa, Ramón Argüelles, ha recordado que la pena capital no es eficaz contra la delincuencia y que no logra disuadir a los delincuentes ni reducir el número de crímenes. Espera además que el presidente no la implante precisamente durante el Año de la Misericordia.
El arzobispo emérito de Cebú, Oscar Cruz, ha asegurado que “sin duda habrá que oponerse a este plan: la Iglesia no se quedará mirando”.
El obispo de Balanga, Ruperto Santos, ha recordado que “sólo Dios tiene el poder sobre la vida. Dios da la vida y Dios la quita. Nadie debe jugar a ser Dios”. En lugar de esto, el obispo sugiere una “reforma del sistema judicial y penitenciario”. Ya en 2006, cuando Gloria Macapagal abolió las ejecuciones, pidió ayuda para reformar y mejorar el sistema carcelario y penal, con poco éxito.
El nuevo presidente de la “Comisión para los Derechos Humanos” de Filipinas, José Luis Guascon, ha apuntado que el objetivo del sistema penal de Filipinas es la rehabilitación, mientras que la pena de muerte cierra esta opción.
Hace pocos días, el Papa Francisco insistía en un videomensaje dirigido al VI Congreso Mundial contra la Pena de Muerte (congres.abolition.fr/en/) en que hoy día la pena de muerte “es inadmisible, por más grave que haya sido el delito del condenado” y pedía penas de reinserción.
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[El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: [...] si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Hoy, en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquél que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo «suceden muy [...] rara vez [...], si es que ya en realidad se dan algunos» . EV56,]