HRW denuncia que el juicio no contó con las protecciones judiciales mínimas exigidas en el derecho internacional.
Aunque probablemente muchos de esos condenados a muerte han estado implicados en numerosos actos de violencia o agresividad de los Hermanos Musulmanes contra cristianos coptos, el obispo copto-católico de Assiut, Kyrillos [Cirilo] William se ha pronunciado contra su ejecución y contra la pena de muerte en general, en declaraciones recogidas por la agencia Fides.
“La situación es complicada. Por un lado, está la dureza de este juicio, que no es definitivo, y hay que esperar. En cualquier caso, la Iglesia está contra la pena de muerte. Desde el punto de vista de la conciencia cristiana, la condena capital no puede representar nunca una vía para resolver los problemas de forma justa”.
Las condenas han sido pronunciadas sólo después de dos audiencias, y han sido sometidas al Gran Muftí de Egipto que tiene la tarea de ratificarlas o rechazarlas.
El obispo Kyrilos Saaman pasó por Madrid en julio
de 2012; Ayuda a la Iglesia Necesitada en España
colabora con su diócesis
“Muchos”, explica Kyrillos a la agencia Fides, “dudan que el Gran Muftí confirme las condenas. Ya en otras ocasiones los jueces que han emitido la sentencia se distinguían por haber aplicado penas durísimas. Muchos piden que se apliquen penas ejemplares contra la violencia sectaria. Pero la pena de muerte no puede representar una solución”, insiste este obispo franciscano que pastorea a unos 50.000 católicos de rito copto, organizados en unas 40 parroquias.
El punto 469 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica enseña: "Hoy, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquél que lo ha cometido, los casos de absoluta necesidad de pena de muerte «suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos» (Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae). Cuando los medios incruentos son suficientes, la autoridad debe limitarse a estos medios, porque corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común, son más conformes a la dignidad de la persona y no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse".
En el caso de Egipto, esta condena ha sido definida “desproporcionada e inaceptable”, por uno de los abogados defensores, Mohammed Zarie, jefe de un centro para la tutela de los derechos humanos en el Cairo.
Tres de los abogados defensores han relatado a HRW que el juicio tuvo lugar en apenas unas horas, con la mayoría de los acusados no presentes (´in absentia´) y sin que los fiscales presentasen pruebas que demostrasen los delitos de los que se acusaban. Además, a los defensores no se les permitió presentar su caso ni llamar a testigos.
Los seguidores de Hermanos Musulmanes fueron detenidos por su supuesta participación en un ataque masivo contra la comisaría de Policía de Minya en agosto de 2013 en el marco de las protestas tras la caída del presidente Mohamed Mursi.
Entre los delitos por los que han sido condenados se encuentra el asesinato de un mando policial, el ´número dos´ de la comisaría de Minya, el intento de matar a otros dos, dañar propiedades públicas, apropiarse de armas, participar en una asamblea ilegal y pertenecer a una organización prohibida.
HRW ha mostrado su preocupación por el hecho de que el mismo tribunal vaya a juzgar a otras 683 personas acusadas de delitos similares, entre los que se encuentra el líder supremo de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie. En este caso han sido detenidos por el asalto de una comisaría en el que no hubo víctimas.
La ONG ha recordado que los 1.200 acusados que serán juzgados dentro de dos casos forman parte de los 16.000 egipcios que han sido detenidos a lo largo del país en los últimos meses, según las cifras proporcionadas por fuentes del ministerio del Interior a AP.
La organización también ha denunciado que las autoridades no han realizado "ningún esfuerzo" para juzgar a los miembros de las fuerzas de seguridad que ordenaron o perpetraron ataques que acabaron con la vida de un millar de personas durante las manifestaciones.