El Parlamento de Papúa Nueva Guinea ha admitido a trámite la propuesta de un gobernador regional, Anderson Agiru, apoyada por políticos de varios partidos, para considerar la prohibición de cualquier religión no cristiana.

El país, de unos 6 millones de habitantes de 850 etnias o grupos culturales reconocidos, se declara cristiano al 95%, con un 27% de católicos, un 20% de protestantes de la Iglesia Bíblica de Papúa, un 20% de luteranos, un 10% en la United Church (presbiterianos-metodistas) y diversas comunidades pentecostales, baptistas, anglicanas, etc... 

La Constitución habla de Papúa Nueva Guinea como "un país cristiano", aunque en su capítulo 2 (artículos 19 y 21) habla de libertad de religión. Según Anderson Agiru, se refiere a "costumbres y tradiciones" de las diversas naciones culturales del país, y no a religiones no cristianas.

"Para mí, cuando la Constitución dice que somos un país cristiano, se refiere al Dios Trinidad. Eso es lo que creo que promueve la Constitución, así que al final veremos si el pueblo, las iglesias y todo el mundo están de acuerdo en que todas las formas de religión que no sean cristianas deben prohibirse en Papúa Nueva Guinea", plantea Agiru, con apoyo de diversos partidos en el Parlamento.


Al hablar del "Dios Trinidad", parece responder a la llegada relativamente reciente de grupos como los Testigos de Jehová (que no admiten la Trinidad y niegan que Jesús sea Dios, de la misma naturaleza que el Padre), aunque quizá también al Islam. En Papúa apenas hay unos 3.000 musulmanes, pero en la mitad occidental de la isla, que pertenece a Indonesia, viven más de 600.000 musulmanes.

La propuesta de prohibición no cuenta con ningún apoyo en la Iglesia Católica local, y tampoco entusiasma a la mayoría de los grupos protestantes del país.


En una nota enviada a la Agencia Fides el padre Giorgio Licini, Director de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, recuerda que la Iglesia defiende la libertad religiosa como fundamento de todas las demás libertades.

“La mera discusión de prohibir otras creencias en el siglo XXI contradice décadas de logros y avances en el campo de los derechos humanos y las libertades civiles. La prohibición irá en contra de la Declaración de la ONU sobre Derechos Humanos de 1948. Asimismo, discrimina entre los ciudadanos en un terreno que nunca debe ser motivo de discriminación: la fe personal”, dice el comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal.

El texto continua: “El cristianismo se podría definir como una especie de identidad cultural para la moderna Papúa Nueva Guinea y sus 850 tribus. Pero no hay que olvidar que la verdadera fe es algo que va mucho más allá de las meras disposiciones constitucionales, de prácticas y rituales diarios. Y a nadie se puede impedir que profese libremente su fe, tanto en privado como en forma pública”. Y añade: "No es prohibiendo otras creencias como nos convertimos en cristianos más auténticos”.

La Iglesia en Papúa también choca con las autoridades -y el sentir popular- en otro tema, la pena de muerte, que para los católicos es injusta e innecesaria y viola el derecho a la vida de las personas, y para el Gobierno es una herramienta útil de castigo.